Regular la organización y funcionamiento de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, que es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración con independencia técnica y autonomía operativa, cuyo objeto es prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos, comunidades indígenas o alguna de las personas que los integren, ante las Salas del Tribunal.