Establecer, en materia de responsabilidad administrativa en el Tribunal Electoral, a los sujetos, causas, competencias, procedimientos, sanciones, principios y mecanismos de prevención e integridad que deben regir para garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.