14/Mayo /2025 / Sala Superior 201/2025

Ciudad de México

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez del procedimiento aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para constatar que las personas candidatas a ocupar cargos en el nuevo Poder Judicial de la Federación cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución.

El procedimiento previsto en el Acuerdo INE/CG382/2025 cobra especial relevancia en el contexto de la elección inédita en la que, por primera vez, la ciudadanía elegirá mediante voto directo a quienes ejercerán funciones jurisdiccionales en el ámbito federal.

Durante la sesión pública, el magistrado ponente destacó que verificar que quien va a juzgar a los demás cumpla con la ley no es un exceso, sino una obligación democrática esencial. Subrayó que el derecho a ser votado no es absoluto, pues está condicionado al cumplimiento permanente de requisitos legales, los cuales deben verificarse incluso antes de la entrega de la constancia de mayoría.

“No se puede entregar una constancia de mayoría a quien no puede legalmente ocupar el cargo. La validez de la elección exige legalidad de fondo, no solo de forma”, sostuvo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera en su intervención.

La resolución precisa que el procedimiento del INE no invade atribuciones del Senado ni duplica lo realizado por los Comités de Evaluación. Por el contrario, se trata de una colaboración funcional entre instituciones, en la que cada una actúa conforme a su competencia: los Comités valoran los perfiles técnicos; el Senado conforma las listas; y el INE verifica que quienes obtengan el mayor número de votos cumplan con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo.

El procedimiento contempla revisar información oficial, advertir si existen posibles impedimentos legales —como antecedentes por violencia familiar, delitos sexuales, violencia política contra las mujeres o incumplimiento de pensión alimenticia—, otorgar audiencia a las personas candidatas y resolver con base en pruebas. Este mecanismo garantiza que los cargos públicos estén en manos de personas que cumplan con los estándares legales establecidos por la Constitución.

Con esta decisión, el Tribunal Electoral no solo confirma la validez jurídica del procedimiento, sino también respalda el deber constitucional del INE de asegurar que la legalidad se preserve hasta el final del proceso electoral. En un momento clave para la consolidación del nuevo Poder Judicial, esta resolución contribuye a proteger la integridad institucional y refuerza la confianza ciudadana en el sistema democrático (SUP-JE-171/2025 y acumulados).

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