Fecha de última actualización: 2024-05-09
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Evolución Histórica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
La historia de la judicatura electoral mexicana comenzó como tal en 1987, con la reforma al artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación (15/12/1987), al crear un Tribunal garante de la legalidad en las actuaciones de los organismos electorales, denominado: Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), que fue un órgano autónomo de carácter administrativo.
La primera generación de magistrados electorales sentó los precedentes en una materia totalmente novedosa. Su inicio establece los cimientos de la Justicia Electoral. Tres años más tarde, en 1990, el Poder Legislativo Federal creó el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) publicado en el Diario Oficial de la Federación (06/04/1990), como un Órgano Jurisdiccional autónomo en materia electoral que tuvo la tarea de construir una institución profesional y responsable.
Posteriormente, en 1993, nuevas modificaciones a la Carta Magna reforzaron la jurisdicción electoral al desaparecer la autocalificación. Así, el Tribunal Federal Electoral se convirtió en la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Además, se creó una Sala de Segunda Instancia.
Poco tiempo después, en 1996, se efectuó una nueva reforma constitucional en materia política electoral, la cual dio origen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicada en el Diario Oficial de la Federación (22/08/1996), como órgano especializado del Poder Judicial y máxima autoridad jurisdiccional en la materia.
Del año 1996 al 2000, el TEPJF realizó un trabajo que muchos han calificado como extraordinario, el cual culminó exitosamente con la histórica primera calificación judicial de la elección presidencial de 2000. La actual integración continúa emitiendo decisiones congruentes, transparentes y en las que prevalece el derecho que maximiza los derechos político-electorales de la ciudadanía de una manera igualitaria y garantiza los principios democráticos de cualquier proceso electoral.
