VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ST-JLI-1/2024

 

 

Fecha de clasificación: 8 de marzo de 2024, mediante acuerdo CT-CI-OT- XXXVI-SE08/2024 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su Octava Sesión Extraordinaria.

 

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

Clasificación de información: Confidencial por contener datos personales.

 

Periodo de clasificación: Sin temporalidad por ser confidencial.

 

Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

 

 

 

Descripción de la información eliminada
Clasificada como:	Información eliminada	Foja (s)
Confidencial	RFC	24, 25, 26, 28 y 39
Confidencial	CURP	24, 25, 26, 28 y 39
Confidencial	Número de empleado	39
Confidencial	Número de seguridad social	39

 

 

 

Rúbrica del titular de la unidad responsable:

 

Miguel Angel Firmado

Martínez Manzur

digitalmente por Miguel Angel Martínez Manzur

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

 

EXPEDIENTE: ST-JLI-1/2024

 

PARTE ACTORA: JUAN MANUEL HERNÁNDEZ FLORES

 

PARTE DEMANDADA: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL1

MAGISTRADO PONENTE: ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ

 

SECRETARIO: MARCOTULIO CÓRDOBA GARCÍA

 

COLABORÓ: FRANCISCO ROMÁN GARCÍA MONDRAGÓN

 

 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 29 de febrero de 2024.

 

VISTOS para resolver, los autos del expediente del juicio laboral de las personas servidoras del Instituto Nacional Electoral ST-JLI-1/2024, promovido por Juan Manuel Hernández Flores, a través de su apoderado, en el que demanda el reconocimiento de la relación laboral, diversas prestaciones laborales, la inscripción al sistema de seguridad social, así como su reinstalación.

 

R E S U L T A N D O S

 

I.     Antecedentes. De la demanda y las constancias del expediente, se advierten:

 

1.     Inicio de relación. La parte actora manifiesta que ingresó a laborar al entonces IFE el 1 de enero de 2011 como Operador de Equipo Tecnológico, adscrito a la 33 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, posteriormente se desempeñó como Técnico de Actualización Cartográfica, Chofer de Vannet y, finalmente, del 16 de abril de 2023 hasta la fecha de lo que identifica como su despido injustificado, como Operador

1 En adelante INE, instituto o parte demandada.

 

 

 

 

de Equipo Tecnológico, adscrito a la 21 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, laborando en el Módulo de Atención Ciudadana Semifijo 152151.

 

2.     Solicitud de informe de avances en la obtención del certificado de estudios del actor. El 16 de abril de 2023, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores ambos de la 21 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, solicitaron al actor informar el avance en la obtención de su certificado de estudios de nivel medio superior, en atención a los requisitos que para ocupar el cargo señalaba la normatividad que en su momento regia.

 

3.     Informe de avance en la obtención del certificado de estudios. El actor manifiesta que, el 15 de noviembre de 2023, informó a sus superiores jerárquicos la conclusión de estudios de bachillerato tecnológico en administración, y que el certificado le sería entregado a finales de noviembre de 2023.

 

4.     Notificación de la no renovación del contrato del actor. El 21 de noviembre de 2023, los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, hicieron del conocimiento del actor la no renovación de su contrato al no haber acreditado el nivel escolar que requería su plaza, sin embargo, le informaron que seguiría en funciones hasta el 31 de diciembre siguiente.

 

5.     Acuerdo de modificación del régimen de contratación. El 18 de diciembre de 2023, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/JGE228/2023, por el que se emitieron los CRITERIOS QUE DEBERAN APLICAR LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS, PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGIMEN DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE HONORARIOS PERMANENTES A PLAZA PRESUPUESTAL.

 

6.     Despido del actor. El 3 de enero de 2024, el actor manifiesta que se presentó a laborar y el Vocal del Registro Federal de Electores le dijo “Tu ya no trabajas aquí Juan, la vigencia de tu contrato terminó”.

 

 

II.   Juicio laboral. El 12 de enero, por conducto de su apoderado, el actor, promovió demanda de juicio laboral, en contra de su despido.

 

IV.  Turno a ponencia. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó integrar este expediente y turnarlo a su ponencia.

 

V.  Radicación, admisión y emplazamiento al INE. Mediante acuerdo de 15 de enero se radicó el juicio y se emplazó al INE.

 

VI.     Contestación de la demanda. El 29 de enero el INE contestó la demanda.

 

VII.   Vista a la parte actora. El 30 de enero, el magistrado instructor acordó el escrito de contestación y ordenó dar vista a la parte actora, quien la desahogó mediante escrito presentado el 2 de febrero siguiente.

 

VIII.    Audiencia por videoconferencia y cierre de instrucción. El 15 de febrero siguiente, se realizó la audiencia por videoconferencia. Las partes no conciliaron y, agotadas las diversas etapas, se declaró cerrada la instrucción.

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta sala regional, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, es competente para conocer y resolver este asunto por tratarse de un juicio laboral entre INE y el actor, quien se desempeñó como “Operador de Equipo Tecnológico”, en la 21 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, órgano desconcentrado de una entidad federativa de esta circunscripción.2

 

No pasa inadvertido que la presente controversia también podría ser susceptible de tener connotaciones de índole civil, atendiendo a la forma contractual en que fue celebrada la relación entre la parte actora y el Instituto,

 

2 Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 99, párrafo cuarto, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166, fracción III, inciso e) y 176, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 3, párrafo 2, inciso e), 4, párrafo 1, 94, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

 

 

 

esto es, debido a los contratos de prestación de servicios que las partes aducen haber suscrito.

 

Con independencia de que el Instituto refiere que no existió una relación laboral durante un periodo determinado, sino una de carácter civil, lo cual podría llevar a considerar la incompetencia de esta Sala Regional, es el caso que dicha situación se debe resolver con el estudio del fondo del asunto, de manera tal que este órgano jurisdiccional resulta competente para conocerlo.

 

SEGUNDO. Designación de secretario de estudio y cuenta en funciones de magistrado. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la jurisprudencia de rubro: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO   REFERENTE  AL  IMPEDIMENTO   DEL  JUEZ  A   QUO  PARA

CONOCER DEL ASUNTO, se hace del conocimiento de las partes la designación del secretario de estudio y cuenta de esta sala, Fabián Trinidad Jiménez, en funciones de magistrado.

 

TERCERO. Prestaciones laborales reclamadas y pretensión de la parte actora. La pretensión de la parte actora consiste en que se reconozca que la relación existente con el INE es laboral, por tiempo indeterminado a partir de que inició su relación el 3 de enero de 2011.

 

A partir de lo anterior, reclama el pago de diversas prestaciones propias de ese reconocimiento, a saber:

 

         Reinstalación.

         Salarios vencidos desde la fecha del despido injustificado.

         Pago de vacaciones; prima vacacional y aguinaldo, por todo el tiempo que ha laborado, que no le han sido cubiertas, así como por el tiempo que se encuentre separado de su empleo.

         Despensa, que comprende los conceptos de “Despensa Oficial” y “Apoyo para Despensa”, por todo el tiempo que ha laborado y que no

le han sido cubiertas, así como por el tiempo que se encuentre separado de su empleo.

         El pago de la prestación “Previsión Social Múltiple”, por todo el tiempo que ha laborado y que no le ha sido cubierta, así como por el tiempo que se encuentre separado de su empleo.

         “Vales de Fin de Año”, por todo el tiempo que ha laborado y que no le han sido cubiertos, sin perjuicio de los que se generen durante el tiempo que se encuentre separado de su empleo.

         El pago de “Ayuda para Alimentos”, por todo el tiempo que ha laborado y que no le ha sido cubierta, así como los que se generen durante el tiempo que se encuentre separado de su empleo.

         “Prima Quinquenal”, por todo el tiempo que ha laborado y que no le ha sido cubierta, así como las que se generen durante el tiempo que se encuentre separado de su empleo.

         “Incentivo por años de servicio”, por todo el tiempo que ha laborado y que no le ha sido cubierta.

         El pago de las cuotas y aportaciones que el INE ha omitido realizar al ISSSTE y FOVISSTE desde que ingresó a laborar, en 2011, hasta la fecha en que se reinstale al actor en su empleo.

         El pago de la compensación con motivo de labores extraordinarias derivadas del proceso electoral federal en curso, para el caso de que transcurra la segunda quincena de enero de 2024, y no le haya sido cubierta.

         Reconocimiento de la relación laboral, ya que ha prestado sus servicios por tiempo indeterminado.

         Para el caso de que el INE se negara a reinstalarlo, solicita el pago de la indemnización señalada por el artículo 108 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral3 (3 meses más 12 días por año).

 

CUARTO. Excepciones y defensas por parte del Instituto Nacional Electoral. Las excepciones que aduce la parte demandada al contestar la demanda son:

 

3 En lo sucesivo, LGSMIME o Ley de medios

 

 

 

 

a)     La caducidad de la reinstalación como acción principal, y como consecuencia del resto de las prestaciones reclamadas, al haber promovido la demanda fuera del plazo de 15 días hábiles4, ya que el 21 de noviembre de 2023 se notificó al actor la no renovación de su contrato y que el 31 de diciembre concluía su contratación, por lo que el plazo para la interposición de la demanda concluyó el 12 de diciembre y la demanda se promovió el 12 de enero de 2024.

b)     La falta de acción y derecho de la parte actora, para reclamar el reconocimiento de la relación laboral ya que ha sido contratado por el INE como prestador de servicios a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil, y que no existió ningún tipo de relación en los periodos 10 de abril al 30 de junio de 2011, del 16 al 31 de enero de 2012, del 9 de abril al 31 de agosto de 2012, del 1 de mayo al 31 de julio de 2013, del 1 de junio al 30 de agosto de 2014. Por ello no procede el reconocimiento ininterrumpido por el periodo que reclama el actor, ya que en él se disolvieron e iniciaron nuevos vínculos contractuales.

c)     Falta de legitimación de la parte actora para acceder al beneficio de la modificación de contratación  de su régimen a plaza presupuestal, previsto en el acuerdo INE/JGE228/2023, ya que ese acuerdo establece que para acceder a la modificación era necesario cumplir con los requisitos propios del cargo entre los que se encontraba el tener estudios de bachillerato. Luego entonces, si al 15 de noviembre de 2023, incumplió con su obligación de exhibir el certificado de estudios que le solicitaron desde 2017, y es evidente que no es acreedor al beneficio de acceder al cambio de régimen al no cumplir el requisito relativo al grado de estudios que requería su función en la fecha límite establecida por el demandado.

d)     La de prescripción, en el caso de que se determine que existe la relación laboral, con relación a las prestaciones consistentes en aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, despensa oficial, apoyo para despensa, previsión social múltiple, ayuda para alimentos, vales de fin de año, prima quinquenal, e incentivo por años de servicio, y demás prestaciones que la accionante no haya reclamado dentro del plazo de

4 Previsto en el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

un año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente generó el derecho a ellas;

e)     Falta de acción y derecho de la parte actora, ya que su reclamo no tiene sustento legal para reclamar el pago, ya que se disfrutan los días de descanso, sin que éstas deban compensarse con una retribución económica.

f)       La de plus petitio, ya que las prestaciones carecen de fundamento jurídico al no haber existido una relación laboral.

g)     Falta de acción y derecho al reclamar pago de vacaciones, pues en el caso de que se determine que existe la relación laboral, se tome en consideración que el actor no prestó sus servicios durante el periodo vacacional de los que si son trabajadores, lo cual de manera indiciaria se acredita con los correspondientes avisos.

h)     Falta de acción y derecho para reclamar el pago de previsión social, al ser una prestación extralegal que se otorga solo al personal de plaza presupuestal nivel operativo.

i)        La de condición y plazo no cumplido respecto del pago al incentivo por 10 años de servicio, pues para el caso de que se determine que existe la relación laboral, debe tomarse en cuenta el último periodo laborado de forma ininterrumpida que es a partir del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2023.

j)        La de caducidad. Ya que el actor tuvo conocimiento el 21 de noviembre de 2023 de las causas por las cuales no se renovaría su contratación, y desde esa fecha comenzó a transcurrir el plazo para la interposición de la demanda.

k)     Improcedencia de la acción, de la vía y falta de derecho del actor, para reclamar el pago de las prestaciones que refiere en su demanda, por la relación con el demandado se formalizó mediante contratos de naturaleza civil, la cual debe ser valorada por los Tribunales Federales en materia civil de la ciudad de México.

l)        Inexistencia de la relación de trabajo entre las partes, derivada de la prestación de servicios a la cual se comprometió libremente la parte actora conforme con lo pactado en los contratos respectivos.

m)   La de falsedad, ya que el actor no fue trabajador del demandado, no tuvo un salario, jornada laboral y no existió subordinación.

 

 

 

 

n)     La de plus petitio ya que el actor pretende obtener un lucro en perjuicio del demandado al reclamar prestaciones que no le corresponden.

o)     Falta de legitimación en virtud de jamás haber existido relación laboral entre las partes.

p)     Falta de presupuestos de la acción, ya que al no haber relación laboral entre las partes no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 8,10 y 20 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

q)     La de la válida terminación de la relación contractual entre la actora y en INE, derivado de las múltiples omisiones del actor de acreditar estudios de bachillerato, por lo que el 31 de diciembre de 2023, concluyó la vigencia del contrato de prestación de servicios.

r)       Falta de acción y derecho para reclamar la reinstalación y pago de salarios vencidos al no existir el supuesto despido injustificado que argumenta el actor.

s)     Falta de acción y derecho para reclamar la reinstalación y pago de salarios vencidos, ya que en todo caso se deberá tener por concluida la relación laboral por pérdida de confianza, ya que el actor incumplió su obligación prevista en los Estatutos del INE relativa a proporcionar la documentación comprobatoria que corresponda.

t)       La de pago, que se hace valer respecto del pago de gratificación de fin de año 2022 y 2023.

u)     La de prescripción  que se hace valer respecto  del aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extra, despensa, despensa oficial, apoyo para despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos y prima quinquenal, que el demandante no reclamó dentro del plazo contado a partir del que hipotéticamente generó derecho a ello.

v)     La de autonomía constitucional, en relación a la facultad del INE de otorgar la prerrogativa extraordinaria prevista en el acuerdo INE/JGE/228/2023.

w)    La falta de legitimación del actor para pretender su incorporación al beneficio previsto en el acuerdo antes referido.

x)     La de falsedad y mala fe, con relación a que el actor pretende acreditar la conclusión de sus estudios de bachillerato  con documentación apócrifa.

y)      Las demás que pudieran desprenderse del escrito de contestación de demanda.

 

Del análisis a las excepciones se advierte que se encuentran relacionadas con la manifestación del instituto demandado en el sentido que el vínculo que unió a las partes fue de naturaleza civil; así como, que tal nexo surgió mediante la celebración de diversos contratos por tiempo determinado.

 

Así, su examen depende del análisis de la controversia, por lo que tales planteamientos serán objeto de pronunciamiento al analizar el fondo del presente juicio.

 

Asimismo, las excepciones de prescripción, de pago, y la de plazo no cumplido, serán analizadas al estudiar la procedencia de las prestaciones reclamadas. Misma situación acontece con la falta de acción planteada, la falta de legitimación del actor, así como las relacionadas con la interrupción del plazo de la relación, en tanto que, su procedencia depende directamente de la definición de la naturaleza de la relación, por lo que será contestada en el estudio atinente.

 

Por lo que se refiere a las excepciones relacionadas con la reinstalación y la modificación del régimen que reclama  el actor, así como la autonomía constitucional en relación la prerrogativa extraordinaria del acuerdo INE/JGE/228/2023 serán objeto de pronunciamiento en el estudio de fondo.

 

Finalmente, en cuanto a la excepción relacionada con la caducidad respecto de la acción principal serán analizadas en el considerando siguiente.

 

QUINTO. Análisis respecto a la excepción de caducidad.

 

Al haber dado contestación a la demanda de la parte actora, el instituto demandado hace valer la excepción de caducidad respecto de la acción principal esto es la reinstalación, asimismo refiere que en su concepto al acreditarse la caducidad las prestaciones reclamadas deberán seguir la misma suerte.

 

 

 

 

En primer lugar, esta sala regional analizará la excepción de caducidad respecto de la acción principal ya que pudiera tener incidencia en la procedencia del juicio y posteriormente lo que se refiere a las prestaciones reclamadas.

 

a)       Caducidad respecto a la acción principal.

 

El instituto refiere que en términos del artículo 96 numeral 1 de la LGSMIME la servidora o el servidor del INE que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante la demanda que se presente directamente ante la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los 15 días hábiles siguientes al en que se le notifique la determinación del INE.

 

En la especie, el instituto refiere que el 21 de noviembre de 2023 le fue notificado a la parte actora el oficio INE-JDE21-MX-VRFE/1776/2023 en el que en esencia se le informa que al no haber acreditado el nivel de estudios requerido para el cargo que desempeñaba, no le sería renovado el contrato de prestación de servicios, sin embargo, se cumpliría con la vigencia de su contrato por lo que el 31 de diciembre de ese año concluiría la relación contractual entre las partes.

 

A partir de lo anterior, estima que la posible afectación a los derechos laborales de la parte actora se generó con la notificación del oficio en comento por lo que el plazo de los 15 días previsto en el artículo 96 de la Ley de Medios concluyó el 12 de diciembre, por lo que a su juicio se acredita la caducidad de la acción principal que es la reinstalación y las accesorias deben seguir la misma suerte.

 

En consideración de esta sala regional la excepción es infundada por lo siguiente.

 

Contrario a lo señalado por el instituto demandado el oficio INE-JDE21-MX- VRFE/1776/2023 no puede considerarse como el acto que le genera afectación al actor; ya que como lo refiere en su demanda, dicha afectación se genera cuando el 3 de enero del año en curso se presenta a laborar de

manera ordinaria y el Vocal del Registro Federal de Electores le informa que ya no trabaja ahí ya que la vigencia de su contrato terminó.

 

En consecuencia, la presentación de su demanda es oportuna en términos del artículo 96 de la Ley de Medios.

 

Por las razones expuestas, se desestima la excepción de caducidad respecto de la acción principal -reinstalación- hecha valer por el INE.

 

b)     Análisis respecto a las prestaciones accesorias.

 

Respecto a lo que el actor refiere como el resto de las prestaciones reclamadas se considera improcedente por lo que hace a las siguientes:

 

      El pago de la prima de antigüedad.

      El pago de aguinaldo.

      El pago de vacaciones.

      El pago de la prima vacacional.

 

Esto, en tanto que tales prestaciones no se encuentran sujetas al plazo de 15 días establecido por el artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios para la presentación de la demanda, pues éstas no dependen de la subsistencia de la relación laboral correspondiente, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 1/2011-SRI de rubro “DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES    QUE    NO    DEPENDAN    DIRECTAMENTE    DE LA

SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL”5 en la que en esencia establece

que atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones laborales, se debe establecer que hay algunas que no dependen de forma directa de la subsistencia del vínculo laboral ni están supeditadas a que prospere o no la acción principal, ya que se generan por la prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, como el pago de aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, por lo que el plazo para demandarlas es de un año, a partir de que sea exigible el derecho de que se trate, siempre y cuando no exista una determinación respecto a ellas por parte del instituto,

 

5 Consultable en www.te.gob.mx

 

 

 

 

pues en este supuesto, se tendrían que demandar dentro del plazo de 15 días.

 

De acuerdo con lo anterior, las prestaciones que no se encuentran relacionadas con el vínculo laboral, su reclamo resulta oportuno en virtud de que la demanda se presentó dentro de del año posterior a la terminación de la relación laboral.

 

Ahora bien, en cuanto a la prescripción de cada prestación se analizará en el apartado correspondiente, pues dependen de la determinación de esta sala respecto al vínculo jurídico entre las partes.

 

SEXTO. Análisis de la relación laboral, despido del actor y tiempo laborado.

 

La parte actora sostiene que mantenía una relación laboral con el INE desde el 1º de enero de 2011 fecha en la cual comenzó a prestar sus servicios como Operador de Equipo Tecnológico, posteriormente se desempeñó como Técnico de Actualización Cartográfica, Chofer de Vanette y a partir del 16 de abril de 2023 nuevamente como Operador de Equipo Tecnológico.

 

Considera que fue objeto de un despido injustificado, en términos del acuerdo INE/JGE228/2023 de la Junta General Ejecutiva del INE mediante el cual se aprobaron los "Criterios que deberán aplicar las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, para la modificación del régimen de contratación del personal de Módulos de Atención Ciudadana de honorarios permanentes a plaza presupuesta" ya que considera que cumple con los requisitos establecidos en dichos criterios, pues al 31 de diciembre del 2023 se encontraba en activo en el puesto de Operador de Equipo Tecnológico.

 

Por su parte el instituto demandado, niega categóricamente que existió una relación de trabajo, en razón a que el vínculo jurídico que unió a las partes fue de naturaleza civil, mediante la realización de diversos contratos de prestación de servicios por tiempo determinado sujetos al pago de honorarios, respecto de los cuales el 21 de noviembre de 2023 el INE informó al actor que el 31 de diciembre concluiría la relación contractual derivado de la omisión del actor de no informar el avance en la obtención de su certificado de nivel medio superior ni presentar ningún documento al respecto.

Asimismo, refiere que deviene improcedente la acción de reinstalación reclamada con base en el acuerdo INE/JG228/2023 puesto que el actor no cumple con los requisitos para verse beneficiado del mismo ya que fue omiso en presentar documentación que acredite el haber concluido el nivel de bachillerato incumpliendo lo señalado en el acuerdo INE/JGE08/2015.

 

De lo expuesto por las partes, la controversia se fija en que el actor considera que tiene derecho acceder a los beneficios que como trabajador le otorga el acuerdo INE/JG228/2023 y la parte demandada estima que no es sujeto acceder a ellos ya que no cumple con los requisitos que ahí se establecen; en ese sentido es menester analizar el contenido del acuerdo.

 

A) Análisis del acuerdo INE/JGE228/2023.

 

Dentro de las consideraciones que sustentaron la determinación del acuerdo, se indicó que en diversos precedentes de la Sala Superior se ha establecido que la naturaleza del vínculo jurídico en cuanto al carácter laboral o civil no depende de lo expresamente señalado en un contrato, sino de la esencia de la relación jurídica condicionada por las actividades que desempeñen los prestadores del servicio.

 

Se hace referencia en específico al juicio SUP-JLl-02-2019, señalando que uno de los actores adujo que por largo tiempo fue sujeto a una simulación bajo el régimen de honorarios, pues suscribió por cerca de 14 años diversos contratos no laborales, pero durante todo ese tiempo estuvo, de hecho, "laborando" en un centro de trabajo y, además, su trabajo era supervisado por sus superiores jerárquicos, lo que acreditaba la relación patronal. En ese caso (como en otros tantos), la Sala Superior le dio la razón al actor y obligó al INE a reconocer la relación y la antigüedad laboral.

 

Por lo anterior el INE tomó diversas determinaciones, siendo una de ellas la emisión del acuerdo INE/JGE08/2015 mediante la cual aprobó los “Criterios que deberán aplicar los órganos desconcentrados para la ocupación de las

 

 

 

 

plazas de honorarios permanentes a finde garantizar la operación de los Módulos de Atención Ciudadana6”.

 

Dichos criterios fueron utilizados para modificar el régimen de contratación de las plazas de personas trabajadoras de los MAC, las cuales fueron migradas de un esquema contractual de honorarios eventuales a uno de honorarios permanentes, otorgándoles permanencia, certidumbre y estabilidad contractual.

 

Desde entonces, las personas prestadoras de servicios profesionales que laboran en los MAC han permanecido contratadas bajo el régimen de honorarios permanentes, con contratos de servicios que suscriben con el Instituto por periodos de un año.

 

Asimismo, en el acuerdo se hace referencia a que el INE gestionó el recurso presupuestal para que en el ejercicio fiscal 2024 las personas prestadoras de servicios profesionales de los MAC tuvieran mejores condiciones laborales cambiando su esquema de contratación de régimen de honorarios permanentes a plaza presupuestal y con ello acceder a prestaciones laborales, por lo que era necesario aprobar los criterios que se proponían en el acuerdo.

 

Se enfatizó que el objetivo de los Criterios atiende la visión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la jurisprudencia 28/2015, porque: i) aumentarían los alcances de los beneficios laborales; ii) eliminarían restricciones al goce de derechos laborales; y, iii) aumentaría el universo de personas titulares de los derechos laborales garantizando el INE el principio de igualdad.

 

Ahora bien, los criterios para el cambio de régimen de contratación contenidos en el anexo del acuerdo que se analiza establecen:

 

Primero: El cambio de régimen se aplicará a los 5,580 prestadores de servicios profesionales que actualmente se encuentran contratadas y que en su momento pasaron del régimen de honorarios eventuales a honorarios permanentes mediante el acuerdo INE/JGE08/2015; y que al 31 de diciembre

 

6 En lo sucesivo MAC

del 2023 continúan en los puestos de: Responsable de Módulo, Operador de Equipo Tecnológico, Digitalizador de Medios de Identificación, Auxiliar de Atención Ciudadana y Soporte Técnico Especializado en Módulos.

 

Segundo: De no ocupar actualmente alguno de los puestos descritos en el criterio anterior, pero se encuentran desempeñando alguna función de otro puesto, programa, centro de costo o área del Instituto, y sea de su interés incorporarse a las actividades descritas bajo este régimen presupuestal, será procedente, siempre y cuando la plaza esté disponible, y el aspirante cumpla con los requisitos establecidos en la Cédula del Puesto.

 

Tercero: Los prestadores de servicio activos al 31 de diciembre de 2023, susceptibles de cambio del régimen de honorarios permanentes al régimen presupuestal deberán cumplir con la experiencia laboral y profesional acorde a lo establecido en el perfil de la Cédula de Puesto, para la ocupación de la plaza vacante de la rama administrativa, se entenderá que será por el mecanismo por Designación Directa, para la ocupación como Titular de la plaza, y contará con 2 años como máximo, a partir de la designación directa, para cumplir con el requisito de escolaridad.

 

Las personas que hablen lengua indígena y ésta sea necesaria para brindar atención a la ciudadanía, entregarán el documento que acredite la escolaridad, el plazo será de 5 años.

 

Las personas que no cumplan con los supuestos deberán firmar una carta compromiso, en la que se obligan a exhibir el documento que acredite el nivel académico señalado en la Cédula de Puesto en el tiempo establecido.

 

Cuando la persona no atienda lo previsto, se le tendrá por concluida la relación jurídica con el Instituto, y se podrá otorgar la compensación por término de la relación laboral en los términos establecidos por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa y del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos (Manual).

 

Cuarto: Los prestadores de servicio activos al 31 de diciembre de 2023, susceptibles de cambio del régimen de honorarios permanentes al régimen

 

 

 

 

presupuestal que no cumplan con la experiencia y perfil académico establecido en la Cédula de Puesto para la ocupación de la plaza vacante de la rama administrativa, a través de los mecanismos de Relación Laboral Temporal, mismas que serán sujetas a Concursos Internos y/o Públicos, como lo señalado en el Manual.

 

Quinto: Los Órganos Delegaciones y Subdelegacionales, verificarán los plazos y tiempos establecidos para el cumplimiento de la aplicación de los movimientos de Designación Directa y/o Relación Laboral Temporal, quienes informarán a la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de los medios necesarios, para los trámites respectivos.

 

Sexto: Los prestadores de servicios profesionales de Honorarios Permanentes que cumplan con los criterios para que ocupen una plaza presupuestal conservarán la antigüedad adquirida al corte.

 

Séptimo: Durante el proceso de modificación de régimen de contratación de los prestadores de servicios profesionales en los Módulos, la Junta Local Ejecutiva o Junta Distrital Ejecutiva no podrán promover el cambio de adscripción del personal que eventualmente afecte su permanencia de conformidad con el Art. 190, fracción IV del multicitado Manual.

 

Octavo: Debido a los cambios del comportamiento de la demanda ciudadana que se presentan a través del tiempo, así como de los procesos de Distritación que el Instituto realiza de manera periódica, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, podrá realizar cambios a la adscripción del personal que refiere el presente documento, para efectuar ajustes a la infraestructura, tales como fusión de módulos, creación de nuevos módulos, reasignación total o parcial de estaciones de trabajo, para lo cual se consideran los siguientes aspectos:

 

1.     Por necesidades del servicio registral electoral se podrá efectuar la movilidad geográfica del personal, considerando lo siguiente:

 

a.                 Se buscará la menor afectación del personal, priorizando los movimientos al interior del mismo distrito o distritos aledaños.

b.                 Los cambios de infraestructura con un mayor impacto en la movilidad del personal (cambio de adscripción entre distritos alejados o entre entidades federativas), se consultará al personal si es de su

interés la readscripción o en su caso, se le otorgue la compensación establecida conforme a la normativa vigente.

 

Noveno: Los criterios de asignación de plantilla de Módulos de Atención Ciudadana consideran un Responsable de Módulo por turno, en caso de fusión de módulos, podrían existir figuras sin asignación, por lo que para aprovechar la experiencia, capacidades, desempeño, aptitudes y conocimientos del personal se establecerá el mecanismo que permita su conversión a otra plaza de módulo (Operador de Equipo Tecnológico, Digitalizador de Medios de Identificación, Auxiliar de Atención Ciudadana o Soporte Técnico Especializado en Módulos) o su radicación a otro centro de costo, de conformidad a lo establecido en el artículo 120, fracción 3 y 4 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa.

 

Décimo: Una vez incorporados los prestadores de servicios profesionales de honorarios permanentes al régimen presupuestal, quedarán sujetos a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

 

Décimo Primero: Los casos no previstos en los anteriores criterios serán resueltos por las Direcciones Ejecutivas de Administración y del Registro Federal de Electores, en sus respectivos ámbitos de competencia.

 

Ahora bien, a fin de evidenciar si la parte actora cumplía con los requisitos establecidos en los criterios para el cambio de régimen de contratación se analizan los mismos en la siguiente tabla:

 

Requisito	El actor cumple o no con el
Primero: Prestadores de servicios profesionales que actualmente se encuentren contratados y en su momento pasaron del régimen de honorarios eventuales a honorarios permanentes y que al 31 de diciembre de 2023 continúan en los puestos, entre otros, de Operador de Equipo Tecnológico	Conforme al contrato NH.HP- 54152100000-HP177994-18087-10 el actor se encontraba contratado como operador de equipo tecnológico con una vigencia del 16 de abril al 31 de diciembre de 2023 bajo el régimen de honorarios permanentes.
Tercero: Los prestadores de servicio activos al 31 de diciembre de 2023, susceptibles de cambio del régimen de honorarios permanentes al régimen presupuestal deberán cumplir con  la  experiencia laboral y profesional acorde a lo establecido en el perfil de  la  Cédula de  Puesto, asimismo contarán	El actor al estar contratado al 31 de diciembre cumplía con la experiencia laboral y contaba con dos años para cumplir el requisito de la escolaridad.

 

 

 

 

 

con 2 años como máximo a partir de la designación directa para cumplir con el requisito de la escolaridad.   Las personas que no cumplan deberán firmar una carta compromiso en la que se obligan a exhibir el documento que acredite el nivel académico.
Sexto: Los prestadores de servicios de honorarios permanentes que cumplan con los criterios conservarán la antigüedad adquirida al corte.	Al actor se le debe respetar la antigüedad del tiempo laborado en el INE.

 

De lo expuesto se desprende que el actor contaba con los requisitos establecidos en los criterios y, por tanto, a juicio de esta sala regional a partir de la emisión del acuerdo INE/JGE228/2023, y una vez que el actor cumplió los requisitos para su aplicación, principalmente, estar en activo el 31 de diciembre de 2023, la relación con el INE es de tipo laboral y cuenta con los derechos de un trabajador de plaza presupuestal, esto es, a partir del 1 de enero de 2024. ello, también obedece a la observancia del primero constitucional a efecto de generar una interpretación pro persona del acuerdo mencionado.

 

Además, que contaba con 2 años a partir de la designación directa para obtener el certificado correspondiente, esto es, a partir de su paso de ser personal de honorarios a personal de plaza presupuestal con la aplicación del acuerdo.

 

En consecuencia, para esta sala regional está acreditado que el actor fue objeto de un despido injustificado, sobre la base de que el motivo de su separación es que no había cumplido con el requisito de acreditar el nivel académico, esto es, el INE dejó de advertir el cambio de situación jurídica del actor con base en el acuerdo INE/JGE228/2023, ya que conforme los criterios del acuerdo, a partir de que se le hubiese designado conforme las consideraciones del acuerdo contaba con un plazo de dos años para acreditar el nivel académico.

 

De tal manera, la situación jurídica particular del actor, derivada de las comunicaciones internas alegadas por el patrón fueron modificadas por un cambio de situación general, derivada del acuerdo ya descrito, por lo que es evidente que lo determinado mediante los oficios dirigidos al actor perdieron sustento jurídico y la causa de terminación entonces comunicada al actor dejó

de ser eficaz y válida, máxime que su situación en cuanto a la entrega del certificado, encontró un beneficio aplicable a quienes, como el actor, siguiera en activo el 31 de diciembre de 2023, por lo que tal acuerdo general benefició al actor dejando insubsistentes todas las demás determinaciones en cuanto a ese tema tomadas por la patronal.

 

B. Análisis del tiempo efectivamente laborado.

 

Una vez que se ha tenido por acreditada la relación laboral del actor con el instituto y que por las particularidades del asunto se le considera como trabajador de plaza presupuestal, previo al estudio de las prestaciones reclamadas es necesario tener la precisión del tiempo efectivamente laborado ya que, con base en ello en caso de tener derecho, es como se cuantificará el pago de estas según corresponda.

 

La parte actora sostiene que ha mantenido una relación laboral ininterrumpida con el INE desde el 1º de enero de 2011 fecha en la que empezó a prestar sus servicios como operador de equipo tecnológico en la 33 Junta distrital Ejecutiva en el Estado de México, posteriormente se desempeñó como Técnico de Actualización Cartográfica, Chofer de Vanette y a partir del 16 de abril de 2023 nuevamente como Operador de Equipo Tecnológico hasta el 31 de diciembre de ese año.

 

En la contestación de la demanda el INE refiere que la parte actora prestó sus servicios en diferentes etapas por lo que resulta improcedente su reclamo de reconocimiento de relación laboral por tiempo ininterrumpido por el periodo que indica en su demanda.

 

Al respecto señala que durante los siguientes periodos no existió una relación contractual:

 

      Del 10 de abril al 30 de junio de 2011

      Del 16 de enero al 31 de enero de 2012

      Del 9 de abril al 31 de agosto de 2012

      Del 1 de mayo al 31 de julio de 2013

      Del 1 de junio al 30 de agosto de 2014.

 

 

 

 

En ese sentido, refiere que la última relación ininterrumpida que existió entre las partes es del 1º de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2023.

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 784, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo,7 de aplicación supletoria, en relación con el artículo 95, párrafo 1, incisos b) y e), de la Ley de medios, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre la fecha de ingreso y la antigüedad del trabajador.

 

Al resolver asuntos similares al presente,8 la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido el criterio de que la parte demandada es quien tiene la carga de probar que la relación laboral se vio interrumpida. Las razones fundamentales que se han expresado para justificar ese criterio son las siguientes:

 

a)  Por regla general, la carga de la prueba recae en quien afirma un hecho y no en quien lo niega; sin embargo, existen casos en los que la carga de la prueba recae en quien sustenta una negativa; por ejemplo, cuando la negación envuelva la afirmación de un hecho o cuando se desconoce la presunción que tiene a su favor la contraparte;

 

b)   Otra regla general es que las partes deben acreditar los hechos en que sustenten sus pretensiones; empero, esa regla no es absoluta, porque la carga de la prueba debe arrojarse al colitigante que cuente con los mejores elementos para probar el hecho discutido;

 

c)  Cuando se presenta un caso, en el que las partes reconocen la existencia de la relación laboral, así como las fechas de inicio y de conclusión del vínculo, se genera una presunción iuris tantum a favor del trabajador, en el sentido de que los servicios se prestaron en forma ininterrumpida, y

 

 

 

7 Artículo 784. El Tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto a petición del trabajador o de considerarlo necesario requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; II. Antigüedad del trabajador; […].

 

8 SUP-JLI 7/2003.

d)  Conforme a lo dispuesto en el artículo 784, fracción II, de la supletoria Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón la carga de la prueba sobre la antigüedad del trabajador, siempre que exista controversia sobre ello.

 

Lo anterior, guarda congruencia con las razones que sustentan las tesis de jurisprudencia VII.2o.T. J/41 (10a.) y relevante I.11o.T.77 L (10a.) de rubro: “ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN LEGAL, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA EN SU RECONOCIMIENTO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL PATRÓN” y “ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). CUANDO DEMANDAN SU RECONOCIMIENTO, EL PATRÓN PUEDE OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 804 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA ACREDITAR QUE AQUÉLLOS NO PRESTARON SUS SERVICIOS EN EL PERIODO RECLAMADO, LO CUAL NO IMPLICA DEMOSTRAR UN HECHO NEGATIVO”.

 

Así como la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, de rubro: “RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO”.

 

En tal contexto, de los criterios en cita se desprende en esencia que:

 

Cuando se reclama el derecho al reconocimiento de la antigüedad general de empresa respecto a los lapsos que hayan laborado debe considerarse que se trata de una prestación legal y, por tanto, corresponde al patrón la carga de acreditarla con pruebas idóneas, de conformidad con el artículo 784, fracción II, de la ley referida; consecuentemente, debe relevarse al trabajador de esa carga probatoria.

 

Que la carga de acreditar que el trabajador no prestó sus servicios en el periodo materia de la litis, no se satisface cuando el patrón ofrece pruebas que no corresponden al periodo en cuestión, pues pese a que sean relativas al actor, son insuficientes para estimar acreditada la excepción en el sentido de que en el lapso de referencia no hubo prestación de servicios, sin que sea obstáculo considerar su imposibilidad para acreditarlo o se le imponga la

 

 

 

 

obligación de acreditar un hecho negativo, al estar facultado para ofrecer los medios de convicción previstos en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo.

 

Así, a partir de la interpretación de los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el patrón tiene la obligación de conservar y ofrecer en juicio los medios de convicción que en ellos se mencionan, aun cuando sean de carácter general, como son las listas de raya o nómina de personal, o controles de asistencia, en los que se contengan los nombres de todos los trabajadores a su servicio y que correspondan al periodo controvertido, siempre que sean aptos para acreditar que la parte actora no prestó sus servicios en el periodo materia de la litis, lo cual no implica demostrar un hecho negativo.

 

Conviene mencionar que en la especie no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA HABER LABORADO EN UN PERIODO DETERMINADO Y LA PARTE DEMANDADA LO NIEGA LISA Y LLANAMENTE”.9

 

La razón por la que se considera que esa jurisprudencia no resulta aplicable al caso es porque en ella se trata el supuesto en el que existe controversia sobre la fecha en que concluyó la relación de trabajo; y la discrepancia en el presente asunto se centra en determinar si la relación se vio interrumpida en algún momento.

 

En consecuencia, conforme con las consideraciones anteriores, en el caso correspondía a la parte demandada acreditar que el vínculo con la parte actora se vio interrumpida en los periodos que señala en su contestación de demanda.

 

 

 

 

 

 

9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, tomo 1, Décima Época, página 663.

Sin embargo, la parte demandada únicamente aporta el expediente de la parte actora y los contratos que celebraron limitándose a referir que durante los periodos indicados no existió un vínculo con el actor.

 

	Contrato	Cargo	Vigencia
1	15153300002-201106- 23974	Operador de equipo tecnológico	3 de enero al 9 de abril de 2011
Del 10 de abril al 30 de junio de 2011 no existió relación laboral
2	15153300002-201113- 151183	Chofer de Vannet	1 de julio al 31 de agosto de 2011
3	15153300002-201117- 151183	Chofer de Vannet	1 al 30 de septiembre de 2011
4	15153300002-201119- 151183	Chofer de Vannet	1 al 31 de octubre de 2011
5	15153300002-201121- 151183	Chofer de Vannet	1 al 30 de noviembre de 2011
6	15153300002-201123- 151183	Chofer de Vannet	1 al 31 de diciembre de 2011
7	15153300002-201201- 151183	Chofer de Vannet	1 al 15 de enero de 2012
Del 16 al 31 de enero de 2012 no existió relación laboral
8	15153300002-201203- 151183	Chofer de Vannet	1 al 29 de febrero de 2012
9	15153300002-201207- 151183	Chofer de Vannet	1 al 8 de abril de 2012
Del 9 de abril al 31 de agosto de 2012
10	15153300002-201218- 151183	Visitador domiciliario	1 de septiembre al 15 de octubre de 2012
11	15153300002-201219- 151183	Chofer de Vannet	1 de octubre al 31 de diciembre de 2012
12	15153300002-201301- 151183	Chofer de Vannet	1 al 31 de enero de 2013
13	15153300002-201303- 151183	Chofer de Vannet	1 al 28 de febrero de 2013
14	15153300002-201305- 151183	Chofer de Vannet	1 al 31 de marzo de 2013
15	15153300002-201307- 151183	Chofer de Vannet	1 al 30 de abril de 2013
Del 1º de mayo al 31 de julio de 2013
16	15153300002-201315- 151183	Chofer de Vannet	1 agosto al 30 de septiembre de 2013
17	15153300002-201319- 151183	Chofer de Vannet	1 de octubre al 31 de diciembre 2013
18	15153300002-201401- 151183	Chofer de Vannet	1 al 31 de enero de 2014
19	15153300002-201403- 151183	Chofer de Vannet	1 de febrero al 31 de marzo de 2014
20	15153300002-201407- 151183	Chofer de Vannet	1 de abril al 31 de mayo de 2014
Del 1 de junio al 30 de agosto de 2014
21	151183-201417- 15153300002	Chofer de Vannet	1 al 30 de septiembre de 2014
22	151183-201419- 15153300002	Chofer de Vannet	1 de octubre al 31 de diciembre de 2014
23	151183-201501- 15153300002	Chofer de Vannet	1 de enero al 28 de febrero de 2015

 

 

 

 

 

	Contrato	Cargo	Vigencia
24	151183-201505- 15153300002	Chofer de Vannet	1 marzo al 31 de diciembre de 2015
25	151183-201601- 15153300002	Chofer de Vannet	1 de enero al 31 de diciembre de 2016
26	151183-201701- 15153300002	Chofer de Vannet	1 de enero al 31 de diciembre de 2017
27	151183-201717- 15152100002	Chofer de Vannet	1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017
28	151183-201801- 15152100002	Chofer de Vannet	1 de enero al 31 de diciembre de 2018
29	151183-201807- 15152100002	Chofer de Vannet	1 de abril al 31 de diciembre de 2018
30	NH.HP-54152100000- HP177994-18087-5	Chofer de Vannet	1 de enero al 31 de diciembre de 2019
31	NH.HP-54152100000- HP177994-18087-6	Chofer de Vannet	1 de enero al 31 de diciembre de 2020
32	NH.HP-54152100000- HP177994-18087-7	Chofer de Vannet	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
33	Convenio modificatorio del contrato NH.HP-54152100000-HP177994-18087-7
34	NH.HP-54152100000- HP177994-18087-8	Chofer de Vannet	1 de enero al 31 de diciembre de 2022
35	NH.HP-54152100000- HP177994-18087-9	Chofer de Vannet	1 de enero al 31 de diciembre de 2023
36	NH.HP-54152100000- HP177994-18087-10	Operador de equipo tecnológico	16 de abril al 31 de diciembre de 2023

 

Ahora bien, respecto a los periodos en los cuales el INE afirma que existió una interrupción en la relación contractual, del análisis de las pruebas aportadas por la parte actora se desprende lo siguiente.

 

Periodo del 10 de abril al 30 de junio de 2011.

 

De los recibos de pago correspondientes a las quincenas de mayo y junio de 2011, a juicio de esta sala regional, por sus características y contenido resultan aptos para acreditar que el actor estuvo vinculado al INE durante el periodo en cual la parte demandada aduce una interrupción.

 

Periodo del 16 de enero al 31 de enero de 2012

 

 

 

Del recibo de pago correspondiente a la segunda quincena de enero de 2012, a juicio de esta sala regional, por sus características y contenido resulta apto para acreditar que el actor estuvo vinculado al INE durante el periodo en cual la parte demandada aduce una interrupción.

 

Periodo del 1 de mayo al 31 de julio de 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

De los recibos de pago correspondientes a las quincenas de mayo y junio de 2013, a juicio de esta sala regional, por sus características y contenido resultan aptos para acreditar que el actor estuvo vinculado al INE durante el periodo en cual la parte demandada aduce una interrupción.

 

Periodo del 1 de junio al 30 de agosto de 2014.

 

Del expediente electrónico del actor SINAVID10 en el apartado de historial de cotización, a juicio de esta sala regional, se desprende que durante todo el 2014 cotizó para el INE, por lo tanto, el documento es idóneo para acreditar que no existió la interrupción aducida.

 

Periodo del 9 de abril al 31 de agosto de 2012

 

Si bien durante este periodo no existe un contrato o algún elemento adicional, ello no es suficiente para tener por cierta la interrupción del vínculo jurídico.

 

Dentro del acervo probatorio del INE, únicamente aportó los contratos que ya fueron relacionados y se limitó a decir que en ciertos periodos no hubo relación entre las partes.

 

Esto es, la ausencia física de los contratos no deriva precisamente de la falta de prestación de los servicios por parte del actor, pues como ha quedado acreditado en los otros periodos en los que el INE aducía una interrupción, de la documentación que aportó la parte actora se comprobó que no se dio la interrupción aducida, por lo que podríamos estar ante una imposibilidad por parte del demandado de encontrar el soporte documental dentro de sus archivos.

 

Lo anterior es relevante dado que recae en el INE la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto la interrupción de la relación con el actor, pues éste ha afirmado que la misma se dio sin interrupciones y no hay algún elemento

-adicional a la mera ausencia de los respectivos contratos- que permita a esta sala regional concluir que durante el periodo del 9 de abril al 31 de agosto de 2012 no existió relación laboral con el actor, que éste no prestó sus servicios y que no recibió pago alguno.

 

Tal necesidad probatoria deriva de que ha sido acreditada la naturaleza laboral de la relación, que las funciones que desempeñó el actor se relacionan estrechamente con las actividades que constitucionalmente son consideradas como permanentes para el INE en los módulos de atención ciudadana y que, por tal motivo, dichas actividades no se trataron de

 

10 Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos.

 

 

 

 

actividades por tiempo determinado, y así, es de concluir que la materia del trabajo no se extinguía de manera transitoria.

 

Además, del análisis de la documentación presentada por el INE, no se desprende que dicho vínculo hubiese finalizado, cuestión que podría haber acreditado el INE con documentos como formatos de movimiento de personal, un acta de entrega-recepción del estado del vehículo que como chofer de vanette tenía a su cargo, o algún documento que de forma mínima generara un indicio de que el vínculo jurídico con el actor había terminado.

 

Por su parte, el actor dentro del acervo probatorio aportado incluye un recibo de pago por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre de 2012, de lo cual se infiere que durante la referida anualidad no existió una interrupción de la relación.

 

 

 

Con base en lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que correspondía al Instituto la carga de la prueba sobre la interrupción aducida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

 

Lo anterior, en tanto que, una vez demostrada la relación, o vínculo jurídico, el INE está obligado a conservar y exhibir en un juicio los documentos, como contratos, recibos de pago, movimientos en la integración de los módulos, dispersión bancaria de pagos, o actas de conclusión del servicio, por lo que su incumplimiento tiene como consecuencia procesal que se presuma que es cierto el hecho alegado por el actor en su demanda, de acuerdo con lo previsto por el artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo expuesto, en el caso, es dable sostener que los servicios prestados por el actor se han dado de forma ininterrumpida desde su inicio esto es a partir del 3 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2023 fecha en la que concluyó el contrato.

 

SÉPTIMO. Análisis de la excepción de prescripción respecto de las prestaciones accesorias.

 

El INE opone ad cautelam la excepción de prescripción respecto de la temporalidad en que deben ser analizadas las prestaciones accesorias que se reclaman.

 

Al respecto, señala en su contestación de demanda, que respecto de tales prestaciones, opone la excepción de prescripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 516, de la Ley Federal del Trabajo, respecto de todas y cada una de las prestaciones que la parte actora no haya reclamado dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha que hipotéticamente se generó el derecho a percibirlas, tomando en consideración la fecha de la presentación de la demanda de la actora ante esta sala regional Toluca; esto es, el 12 de enero de 2024.

 

En términos de lo dispuesto en el mencionado artículo 112, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones que surjan de la propia ley, del nombramiento otorgado en favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en la referida ley.

 

Para que la excepción de prescripción pueda ser analizada por esta sala regional, en términos de lo dispuesto en el invocado artículo 112, basta con que el instituto demandado señale que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción. Sirve de sustento razón fundamental de la jurisprudencia 2a./J. 49/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE

 

 

 

 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS.

 

Al respecto, la parte demandada señala en su contestación, de forma general, que la citada excepción la opone respecto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la actora y que no hayan sido reclamadas dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente generó el derecho a percibirlas, tomando en consideración la fecha de la presentación de la demanda ante esta autoridad federal.

 

De esta manera, se arriba a la conclusión de que para aquellas prestaciones en las que el Instituto demandado no individualiza el plazo a partir del cual opera la prescripción, se tomará en cuenta el plazo que opuso en términos generales.

 

En ese sentido, para aquellas prestaciones en la que la parte actora demanda el pago durante todo el tiempo que ha laborado en el Instituto, únicamente, se tomará en cuenta el plazo genérico que opuso la demandada en la excepción de prescripción; es decir, un año antes del 12 de enero de 2024.

 

Con base en lo anterior, enseguida se determinarán los alcances de las prestaciones reclamadas.

 

OCTAVO. Análisis de las prestaciones objeto de la demanda. Determinada la actualización de una relación de naturaleza laboral entre las partes, la cual resultó de carácter permanente del 3 de enero de 2011 a la fechade terminación por parte de la demandada, lo procedente es analizar y resolver si resulta conforme a Derecho condenar al INE al pago de las prestaciones demandadas.

 

I.  Reinstalación.

 

La parte actora solicita su reinstalación en el puesto de operador de equipo tecnológico en la 21 junta distrital del INE en el Estado de México.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción V, Apartados A y D, de la Constitución federal, las relaciones de trabajo del INE y sus

trabajadores se rigen por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General de dicho instituto, apegándose, además, a los principios constitucionales rectores de la función estatal electoral y de la profesionalidad en el desempeño, estableciéndose al efecto el Servicio Profesional Electoral Nacional, que comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del citado Instituto; siendo que el artículo 123, apartado B, de la Constitución federal solo aplica a los trabajadores del INE en lo tocante a las medidas de protección al salario y a los beneficios de seguridad social.

 

Esto, porque atento a lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los trabajadores del INE serán considerados como de confianza, y quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución federal.

 

De ese modo, y de acuerdo con las funciones que tenía la parte actora como operador de equipo tecnológico, era un trabajador de confianza, tal y como lo señaló el INE al momento de contestar la demanda.

 

Ahora bien, atendiendo a la línea jurisprudencial de la Sala Superior establecida en la 11/2023 de rubro “TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EL ANÁLISIS DE SU LEGALIDAD ES PROCEDENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA PERSONAL DE CONFIANZA” se debe

partir de la premisa de que, por disposición constitucional, las y los trabajadores de confianza no gozan de estabilidad en el empleo, por lo que no resulta procedente su reinstalación, sin que ello sea obstáculo para determinar la viabilidad del pago de la indemnización prevista en el artículo 108, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en tres meses de salario y doce días por año trabajado (como prima de antigüedad); y, por consecuencia, el pago de los salarios caídos.

 

En el presente caso, al tratarse de un despido cuya causa de justificación por parte de la demandada perdió sustento normativo, tal y como ha sido

 

 

 

 

analizado, procedería ordenar que lleve a cabo la reinstalación de la parte actora como operador de equipo tecnológico en la 21 Junta Distrital Ejecutiva del INE, en el Estado de México.

 

Sin embargo, el Instituto demandado al contestar la demanda señala que no tiene la intención de reinstalar al actor.

 

Por tanto, cuando se destituya o despida injustificadamente a un servidor público del INE y el mencionado Instituto se niegue a reinstalar al trabajador, como en el asunto que se resuelve, se le deberá pagar la indemnización equivalente a tres meses de salario más doce días por cada año trabajado, por concepto de prima de antigüedad.

 

En consecuencia, resulta procedente condenar al INE al pago de la indemnización a que se refiere el artículo 108, párrafo 1, de la Ley de medios, equivalente a 3 (tres) meses de salario más 12 (doce) días por cada año trabajado desde su ingreso (3 de enero 2011) hasta la fecha en que se dicta la presente sentencia.

 

Cabe mencionar que para el pago de la indemnización deberá integrarse el sueldo tal y como lo venía recibiendo la parte actora en el momento de su separación del cargo (3 de enero de 2024, como operador de equipo tecnológico)11, incluyendo las mejoras salariales que a dicho puesto hubieran correspondido durante el periodo comprendido desde la separación y hasta la emisión de la presente sentencia.

 

II.  Pago de salarios caídos

 

De acuerdo con lo razonado en esta resolución, la parte actora fue separada injustificadamente de su trabajo, por lo que se surte el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado (de aplicación supletoria conforme al artículo 95 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral) en el que se

 

11 No pasa inadvertido que el despido fue el 3 de enero de 2024 cuando terminaron las vacaciones del INE no obstante, no se exhibió contrato ulterior al 31 de diciembre, por eso se estima que los salarios y todas las prestaciones diversas a las relativas a seguridad social deben condenarse tomando en cuenta que la relación culminó el 31 de diciembre de 2023, pues aun cuando el despido se materializó el 3 de enero del año en curso, lo cierto es que no se generó prestación alguna o pago de los días comprendidos del 1 al 3 de enero.

establece que se impone la obligación de pagar los salarios que el trabajador dejó de percibir por el tiempo que se le impidió realizar sus trabajos cotidianos injustificadamente.

 

En este sentido, y tomando como base la jurisprudencia 11/202312 referida anteriormente, lo procedente es condenar al INE al pago en una sola exhibición de los salarios caídos que no fueron percibidos por la actora desde el día siguiente a la fecha en que se actualizó su terminación injustificada, 1 de enero de 2024 y hasta la fecha en que se dicte la presente determinación.

 

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala Superior de este tribunal en el sentido de que se ha condenado al Instituto Nacional Electoral

12 TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EL ANÁLISIS DE SU LEGALIDAD ES PROCEDENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA PERSONAL DE CONFIANZA.

 

Hechos: La Sala Regional Guadalajara y la Sala Regional Xalapa, así como la Sala Superior sostuvieron criterios opuestos en las sentencias dictadas en los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de las y los servidores del Instituto Nacional Electoral y, por lo tanto, contradictorios, al resolver sobre la procedencia del análisis de la legalidad del despido justificado de las y los trabajadores de confianza del aludido Instituto y el estudio de prestaciones como la reinstalación o indemnización y, los salarios caídos. En tanto que, la primera Sala consideró que no era procedente el referido análisis; mientras que las Salas restantes determinaron que sí resulta necesario efectuar tal estudio, así como el de las citadas prestaciones.

 

Criterio jurídico: En los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de las y los servidores del Instituto Nacional Electoral, con independencia de que se trate de trabajadoras o trabajadores de confianza, procede que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realicen el análisis de la legalidad de su despido. Es decir, que se determine si la separación del empleo por parte del aludido Instituto fue justificada o no y, de ser el caso, que se revise la procedencia de las prestaciones reclamadas, particularmente, la reinstalación, la indemnización prevista en el artículo 108 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prima de antigüedad y el pago de salarios caídos.

 

Justificación: De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 123, apartado B, fracciones IX, X y XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 206, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y, 108, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que, en los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, con independencia de que se trate de trabajadoras o trabajadores de confianza, resulta procedente el análisis de la legalidad del despido por parte de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones que derivan del mismo, como la reinstalación o indemnización y el pago de salarios caídos. En tal sentido, se debe partir de la premisa de que, por disposición constitucional, las y los trabajadores de confianza no gozan de estabilidad en el empleo, por lo que no resulta procedente su reinstalación, sin que ello sea obstáculo para determinar la viabilidad del pago de la indemnización prevista en el artículo 108, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en tres meses de salario y doce días por año trabajado (como prima de antigüedad); y, por consecuencia, el pago de los salarios caídos.

 

 

 

 

a pagar los salarios caídos a partir de un ilegal despido y hasta la emisión de la sentencia atinente, con la mención que en el pago de los salarios caídos deben integrarse tal y como los venía recibiendo la actora en el momento de su separación injustificada del cargo, con todas las mejoras salariales que a dicho puesto hubieran correspondido durante el periodo comprendido desde la separación del cargo y hasta la emisión de la sentencia atinente.13

 

 

 

III.  Vacaciones y prima vacacional.

 

Los artículos 48 y 49, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, disponen que el personal de ese órgano electoral gozará de 10 (diez) días hábiles de vacaciones por cada 6 (seis) meses de servicio consecutivo de manera anual, conforme al programa de vacaciones que al efecto se emita.

 

Al respecto, el artículo 516 de la LFT, de aplicación supletoria, en términos del numeral 95 de la Ley de Medios de Impugnación, establece que las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. En ese sentido, es evidente que el derecho de la parte actora a reclamar el pago de vacaciones prescribe en un año.

 

Respecto de la prescripción para reclamar el pago de vacaciones y prima vacacional, la jurisprudencia14 del Poder Judicial sostiene que debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que concluye ese lapso de 6 meses dentro de los cuales la persona trabajadora tiene derecho a disfrutar de su periodo vacacional, porque hasta la conclusión de ese término es cuando la obligación se hace exigible, no a partir de la conclusión del periodo anual o parte proporcional reclamados.

 

 

 

 

 

13 Véase la sentencia SUP-JLI-25/2018.

14 Jurisprudencia 2a./J. 1/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 199, con número de registro: 199519, de rubro y texto siguientes: “VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

En el caso, se tuvo por reconocido que la relación de la parte actora con el INE ha sido continua desde el 3 de enero de 2011, por lo que el derecho a gozar vacaciones se hizo exigible el 3 de julio de 2011, (6 meses después de la suscripción del contrato), y así sucesivamente.

 

De manera que, están prescritas las vacaciones y prima vacacional correspondientes a los periodos de 2011 a 2022.

 

Por tal motivo debe absolverse al INE del pago de dichas prestaciones.

 

Asimismo, se considera que no procede condenar al Instituto demandado al pago de las vacaciones de la actora correspondientes al año 2023.

 

Al respecto, el Instituto en su contestación de demanda, señaló ad cautelam que debía tenerse en cuenta que la actora también disfrutó de las vacaciones en los periodos en que lo hizo el personal del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con lo determinado en la “CIRCULAR No. INE/DEA/0019/2023 de 27 de abril de 2023 relativo al día de asueto en conmemoración del día del empleado y el primer periodo vacacional a que tiene derecho el personal del Instituto Nacional Electoral durante el año 2023”, en el que se estableció como primer periodo vacacional de 2023 el comprendido entre el 31 de julio y el 11 de agosto de ese año.

 

Y respecto al segundo periodo vacacional, de conformidad con el Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2023, mediante el cual se hizo del conocimiento el segundo periodo vacacional del personal del INE en el año 2023, siendo el comprendido del 18 de diciembre al 2 de enero de 2024.

 

Tales medios de prueba son valorados por esta autoridad, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 1, inciso b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y con ellos se demuestra que la parte actora gozó de los periodos vacacionales concedidos al personal del Instituto.

 

Lo anterior, tomando en cuenta que los periodos vacacionales otorgados a los trabajadores del INE fueron por el primer periodo, del 31 de julio al 11 de

 

 

 

 

agosto de 2023, y del segundo periodo del 18 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.

 

Ello, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa, el personal del Instituto, por cada seis meses de servicio consecutivo de manera anual, gozará de diez días hábiles de vacaciones, conforme al programa de vacaciones que para tal efecto emita la Dirección Ejecutiva de Administración, con las excepciones que señale el acuerdo en materia de jornada laboral que para efectos apruebe la Junta General Ejecutiva.

 

Con base en ello correspondía a la parte actora la carga de probar que durante los periodos vacacionales generales de la demandada laboró, lo de que de ninguna forma prueba.

 

En consecuencia, procede absolver al instituto.

 

Similar criterio sostuvo esta Sala Regional al resolverse los juicios ST-JLI- 11/2021, ST-JLI-6/2022, ST-JLI-7/2022 y ST-JLI-21/2023.

 

Prima vacacional.

 

El pago de la prima vacacional tiene su fundamento en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado15 así como en la Ley Federal del Trabajo16.

 

De tal forma, contrariamente a lo sostenido por el demandado, tal prestación no puede estar limitada solo a los trabajadores de plaza presupuestal pues la misma está establecida en la ley.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Artículo 40.- […]. Los trabajadores que en los términos del Artículo 30 de esta Ley disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dichos períodos.

16 Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.

Cuestión diversa es que el monto de la misma haya sido determinado por el Instituto de una forma superior a los mínimos legales porque ello está en su libertad configurativa como patrón.

 

Así, a quiénes se les otorga no está a su arbitrio pues al ser una prestación de base legal se debe dar a todas las personas trabajadoras y ello, debe hacerse con el monto que sí está a su alcance jurídico determinar, de ahí que corresponda calcular la prestación, en los casos procedentes, con base en los montos previstos en el estatuto y manual.

 

En lo dispuesto en el artículo 49, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, conforme al cual el personal del Instituto electoral que tenga derecho disfrutar de vacaciones recibirá al año una prima vacacional, consistente en el pago de diez días sobre el sueldo base.

 

Asimismo, en el apartado 5.2.1.2, inciso b), del Manual de Remuneraciones para las y los Servidores Públicos de Mando del INE para el ejercicio 2023,17 se establece que la prima vacacional es el importe que reciben los servidores públicos, a fin de contar con mayor disponibilidad de recursos durante los periodos vacacionales, y que esa prima vacacional equivale a cuando menos cinco días de salario del sueldo base, se otorga por cada periodo vacacional y se precisa que serán dos periodos vacacionales y consistirán en diez días hábiles cada uno de ellos, sujetos a los calendarios previamente establecidos y de acuerdo con las necesidades del servicio.

 

Al respecto el demandado argumentó que dicha prestación era improcedente sobre la base de que nunca ha existido relación laboral con la actora, al estar contratada como prestadora de servicios por honorarios bajo el régimen civil. Además, señaló que dicho concepto, en términos del Manual, corresponde al personal de plaza presupuestal, sin que la parte actora cumpla con esa calidad.

 

Señalado esto, deben desestimarse las excepciones del INE respecto de la prima vacacional correspondiente al primer y segundo periodo de 2023, en

 

17 HTTPS://REPOSITORIODOCUMENTAL.INE.MX/XMLUI/HANDLE/123456789/147386