LEY DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL ESTADO DE COLIMA

Disposiciones generales (artículos 1-6)

De la petición del proceso de revocación de mandato

De los sujetos (artículos 7-10)

De la fase previa (artículos 11-14)

Del inicio del proceso de revocación de mandato (artículos 15-18)

De la convocatoria (artículos 19-20)

De las atribuciones del Instituto Electoral del estado de Colima en materia de revocación de mandato

De la verificación del apoyo ciudadano (artículos 21-26)

De la organización de la revocación de mandato (artículos 27-31)

De la difusión del proceso de revocación de mandato (artículos 32-35)

De los actos previos a la jornada de revocación de mandato (artículos 36-39)

De la jornada de revocación de mandato (artículos 40-51)

De los resultados (artículos 52-56)

De las atribuciones del Tribunal Electoral en materia de revocación de mandato (artículo 57)

De la vinculatoriedad y seguimiento (artículo 58)

De los medios de impugnación (artículo 59)

De la separación del cargo (artículos 60-61)

Régimen de sanciones (artículo 62)

LICDA. INDIRA VIZCAÍNO SILVA, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

1. Con fecha del 17 de mayo del 2022, fue recibida la Resolución del expediente JDCE-03/2022 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en la que se ordena a este H. Congreso del Estado de Colima para que, en el término máximo de 60 días naturales emita la legislación secundaria en el tema de Revocación de Mandato al Titular del Ejecutivo, para efectos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación al numeral 52 de su Reglamento.

2. Mediante oficio DPL/656/2022 de fecha 13 de mayo del 2022, las CC. Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa suscrita por las Diputadas y el Diputado, Martha Fernanda Salazar Martínez, Priscila García Delgado y Crispín Guerra Cárdenas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del Estado del H. Congreso del Estado, para efectos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación al numeral 52 de su Reglamento.

3. Mediante oficio DPL/748/2022 de fecha 11 de julio del 2022, las CC. Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa suscrita por las Diputadas y los Diputados Armando Reyna Magaña, Isamar Ramírez Rodríguez, Yommira Jockimber Carrillo, Sonia Hernández Cayetano, Andrea Naranjo Alcaraz, Alfredo Álvarez Ramírez, Colima Natali Méndez García, Julio César Cano Farías y Francisco Rubén Romo Ochoa, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LX Legislatura del Estado del H. Congreso del Estado, para efectos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación al numeral 52 de su Reglamento.

4. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, a reunión de trabajo a celebrarse a las 09:00 horas del 12 de julio del 2022, en la Sala de Juntas "Francisco J. Múgica", a afecto de analizar, discutir y, en su caso, dictaminar la iniciativa que nos ocupa.

Es por ello que las y los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

I.- Que la Resolución del expediente JDCE-03/2022 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en su parte Considerativa Octava que la sustenta y conexa con el Segundo Resolutivo, disponen que:

II.- Que la primer Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto suscrita por las Diputadas y el Diputado, Martha Fernanda Salazar Martínez, Priscila García Delgado y Crispín Guerra Cárdenas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del Estado del H. Congreso del Estado, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como expedir la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Colima, en su parte expositiva que la sustenta, dispone que:

III.- Que la segunda Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto suscrita por las Diputadas y los Diputados Armando Reyna Magaña, Isamar Ramírez Rodríguez, Yommira Jockimber Carrillo, Sonia Hernández Cayetano, Andrea Naranjo Alcaraz, Alfredo Álvarez Ramírez, Colima Natali Méndez García, Julio César Cano Farías y Francisco Rubén Romo Ochoa, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LX Legislatura del Estado del H. Congreso del Estado, por la que se propone expedir la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Colima, en su parte expositiva que la sustenta, dispone que:

IV.- Leídas y analizadas tanto la Resolución como las Iniciativas con Proyecto de Decreto en comento, las Diputadas y los Diputados que integramos esta Comisión legislativa, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 123, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

Con fundamento en los artículos 70 y 71 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 65 fracción II y 67 fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión legislativa es competente para conocer y dictaminar, las iniciativas que refieran a reformas a los Códigos Civil, Penal, leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias de artículos de la Constitución, así como cuando se trate de nuevas leyes.

En razón a lo antes mencionado, las Comisiones Dictaminadoras observamos que el objeto sustancial de la Resolución del expediente JDCE-03/2022 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, así como de las Iniciativas enunciadas en el apartado de Antecedentes de este Instrumento, son el que este H. Congreso del Estado de Colima emita la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Colima.

Es por lo anterior que, desde este momento, las Comisión Dictaminadora vislumbramos la viabilidad para expedir la Ley secundaria de Revocación de Mandato, esto partiendo del objeto general por existir un mandato de un Órgano Jurisdiccional que sin duda debe acatarse, así como de instituir las bases de participación en dicha materia, en lo que respecta a su forma particular, el pronunciamiento de viabilidad o no, se realizará subsecuentemente en los Considerando respectivos.

Ahora bien, partiendo del objeto general, como se fundamenta, tanto el Órgano Jurisdiccional Local Electoral, como las y los iniciadores en sus respectivos proyectos, la expedición de la legislación secundaria en materia de Revocación de Mandato tiene sustentada Constitucional bajo el amparo del artículo 35 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen;

En lo que respecta a nuestra legislación, dicha prerrogativa obra en el último párrafo del artículo 7, así como en el último párrafo del arábigo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que dicen:

Artículo 7º

(…)

Artículo 18

(…)

Luego entonces, continuando con el análisis Convencional encontramos que en materia de Revocación de Mandato es un instrumento de Participación Ciudadana, cuyo principio es considerado como un Derecho Humano, en ese tenor, existe diversos Instrumentos Internacionales, de los que el Estado mexicano es parte, denominados Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", que disponen lo siguiente:

De manera tal, que existen condiciones de Convencionalidad que propician la viabilidad de la expedición de la Ley Secundaria que se propone, pues como ha quedado definido este mecanismo es un instrumento de Participación Ciudadana, considerado como un Derecho Fundamental.

Continuando con el estudio de la Iniciativa que nos ocupa, estas Comisiones que Dictaminamos tiene como criterio orientador y base de sustento Legal, la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del 2021, compuesta por Ocho Capítulos, que integran 61 artículos, desglosando en ellos, el procedimiento y las bases de Revocación de Mandato.

Derivado de lo anterior resulta claro que el expedir una Ley Secundaria en materia de Revocación de Mandato, se encuentra debidamente sustentada, por lo que estas Comisiones Dictaminadoras podemos determinar que se tiene sustento Constitucional, Convencional y Legal.

Para efecto de desahogar este punto, es necesario hacer la transcripción del Considerando Octavo denominado "Efectos de la sentencia", así como el Resolutivo Segundo, de la Sentencia que recayó en el expediente JDCE-03/2022, con el fin de atender de manera adecuada y puntual lo mandatado por el Órgano Jurisdiccional Local Electoral y que a la letra dice:

Por lo anterior, resulta claro que el mandato del Tribunal Electoral del Estado de Colima versa sobre expedir la legislación secundaria de Revocación de Mandato, en los términos del Decreto 70 que reformo y adiciono diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 18 de mayo de 2019. Así como de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa a la Consulta Popular, el 28 de noviembre del 2019 y publicada mediante Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019. Otorgando un plazo de 60 días naturales a esta Soberanía para dichos efectos.

Razón por lo cual, resulta oportuno traer a este instrumento lo esencial de ambas reformas, como lo hicieron los Justiciables en la resolución multicitada en la página 17 que dice:

Es así que, esta Comisión Dictaminadora debe generar el proyecto de la norma secundaria que regule de manera puntual, certera y legal la Revocación de Mandato en el Estado de Colima, de aquí, que resulta oportuno la existencia de dos iniciativas que se dictaminan en conjunto con este instrumento, mismas que fueron citadas en el apartado de antecedentes y que se observaran y desahogaran en el subsecuente considerando, a razón de llegar a la conclusión única del texto que será vigente en esta materia.

Como fue anunciado en el Considerando Segundo, se procede hacer un análisis particular de los textos de las iniciativas, mismas que fueron enunciadas en el apartado de antecedentes, existiendo dos iniciativas que proponen expedir la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Colima, similar en sus textos, sin embargo la primera de ellas, propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de Revocación de Mandato.

Por lo que, antes de iniciar con el análisis de la nueva Ley, esta Comisión Dictaminadora debe resolver la propuesta de reforma a la Constitución Local, puesto que, sus iniciadores la enmarcan en primer término y en segundo la su propuesta secundaria, de manera que, partiremos de lo mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, luego por el procedimiento legislativo de reforma a la Constitución Local, para terminar con la conclusión que arribe esta Comisión.

a) Mandato de la Resolución del Tribunal Electoral Local.

El Órgano Jurisdiccional Local Electoral resolvió determinantemente que el H. Congreso del Estado debe expedir la legislación secundaria en materia de Revocación de Mandato y no así una reforma a la Constitución Local, que es oportuno aclarar, los Justiciables del Estado, observaron que no colisionaba lo ya, legislado mediante el Decreto 70 de la Constitución Local con la reforma a la Constitución Federal del 20 de diciembre del 2019, como puede verse en el último párrafo de la página 23 que continua en la página 24 de la Resolución del Expediente JDCE-03/2022, que a la letra dice:

Fue así que el Tribunal Electoral Local resolvió de manera muy específica ordenar al Congreso del Estado de Colima que, en ejercicio de sus potestades legislativas, en un plazo que no deberá de exceder de 60 días naturales, emita la legislación secundaria correspondiente en materia de Revocación de Mandato de la Gobernadora o Gobernador Constitucional del Estado, en términos de lo mandatado en los Decretos Estatal y Federal, como puede apreciarse en el último párrafo de la página 24 del Consideración Octava denominada "Efectos de la Sentencia" que a la letra dice:

Es así, que esta Comisión Dictaminadora arriba a que la Legislación Secundaria debe contener los parámetros y las bases fijadas en ambas reformas, la del Decreto 70 a la Constitución Local y la reforma a la Constitución Federal del 20 de diciembre del 2019, en lo particular a su Artículo Sexto Transitorio y no así a reformar la Constitución Local.

b) Procedimiento Legislativo respecto a reformas a la Constitución Local.

En ese tenor, resulta oportuno observar el proceso legislativo que debe acatarse cuando se da una reforma a la Constitución Local, que se encuentra instituido en este mismo ordenamiento supremo, en su artículo 129 que dice:

De manera tal, que en plena congruencia a las reformas constitucionales, esta Comisión Legislativa reservará su dictaminación, en virtud de que toda reforma de esta naturaleza debe primero tenerse por cierta y culminada por los Ayuntamientos de la Entidad con base en lo previsto en el artículo citado anteriormente, para después realizar las adecuaciones a las leyes secundarias.

Razón constitucional, legal y suficiente para reservar la propuesta de reformar la Constitución Local, pues de lo contrario, llevaría de ser el caso, a esta Soberanía a no acatar lo ordenado por Tribunal Electoral del Estado de Colima, pues no estaría firme dicha reforma, sino hasta tener la aprobación de los Ayuntamientos de la Entidad, o actualizarse el supuesto de no ser aprobada por estos Entes Municipales.

Lo anterior, concerniente a lo mandatado por el Órgano Jurisdiccional Estatal Electoral para expedir la Ley Secundaria y no una reforma a la Constitución Local.

c) Conclusión de la reforma a la Constitución Local.

Con lo antes expuesto y fundamentado, esta Comisión Dictaminadora concluye en reservar la reforma propuesta a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, toda vez que no fue lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado, máxime que pudiera darse el caso, de tenerse por no cumplido dicho ordenamiento, pues pudiera estarse ante la hipótesis de no quedar firme, sino hasta tener la aprobación de los Ayuntamientos de la Entidad, o actualizarse el supuesto de no ser aprobada por estos Entes Municipales.

Puntualizado y resuelto lo anterior, esta Comisión Legislativa prosigue con el análisis de las iniciativas anunciadas en el apartado de Antecedentes enumeradas como Antecedente 2 y 3, lo cual resulta evidente que ambas tienen similitud, puesto que de la fácil lectura de los textos normativos se puede advertir que fueron basadas en los términos de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Tan es así, que ambos textos coinciden con el número de artículos que guarda cada norma, así como de sus capítulos o títulos, puesto que la primera de las iniciativas los anuncia como Títulos y la Segunda como Capítulos, teniendo un total de Ocho Títulos de la primer iniciativa, con un total de Ocho Capítulos que propone la segunda iniciativa.

Ambos proyectos proponen en similitud de Título o Capítulo, regular los temas de Disposiciones Generales (Título Primero/Capítulo I); de la Petición del Proceso de Revocación de Mandato (Título Segundo/Capítulo II); de las Atribuciones del Instituto (Título Tercero/Capítulo III) la primera de las Atribuciones del Instituto Nacional Electoral en Materia de Revocación de Mandato, la segunda de las Atribuciones del Instituto Electoral del Estado de Colima en Materia de Revocación del Mandato; de las Atribuciones del Tribunal Electoral en Materia de Revocación de Mandato (Título Cuarto/Capítulo IV); de la Separación del Cargo (Titulo Quinto/Capítulo V) y del Régimen de Sanciones (Título Octavo/Capítulo VIII).

Ahora bien, como es de notarse, existe una diferencia palpable y sustancial en las iniciativas, visible en el Título Tercero de la primera de ellas, en contraste con la segunda de estas, del Capítulo III, referente a las Atribuciones de la Autoridad Electoral, por un lado, la primer iniciativa instaura una serie de facultades y obligaciones al Instituto Nacional Electoral (Autoridad Electoral Federal) y por otro lado, la segunda iniciativa hace lo propio, pero del Instituto Electoral del Estado de Colima, (Autoridad Electoral Estatal), en ese tenor, es menester verlos en comparativo, por ello, se realiza el siguiente cuadro:

Lo anterior resulta sustancial, pues si bien, en nuestro sistema electoral mexicano, convergen armónicamente ámbitos federales y locales en materia electoral, entre estos sus Leyes, así como las Autoridades Electorales y las Autoridades Electorales Jurisdiccionales, ello en un equilibro y contrapeso de los ámbitos (federal y local), con sus delimitadas y particularidades atribuciones y obligaciones.

Lo anterior cobra relevancia puesto que, por un lado puede confundirse la función electoral del Institutito Nacional Electoral, con la función del Instituto Electoral del Estado, sin embargo, estas autoridades cuentan con sus atribuciones bien delimitadas por nuestra norma suprema (Constitución Federal) la cual, por ningún motivo puede invadirse, pues se estaría trastocan la esfera competencial de dichos entes y el intentar legislar por esta Cámara Local del Diputados, para generar atribuciones u obligaciones al Instituto Nacional Electoral, se estaría invadiendo la atribución exclusiva del Congreso de la Unión, consagrada en el artículo 73 fracción XXIX-U que a la letra dice:

Lo anterior resulta así, pues como se desprende de la imagen insertada en el cuadro anterior, referente a la primera iniciativa, enmarcada con el número 2 en el apartado de antecedentes de este instrumento, de manera específica en el artículo 22 denominado "De la verificación de los nombres del apoyo ciudadano" mandata como a atribución del Instituto Nacional Electoral, realice a través de su Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la verificación de los nombres quienes suscriben la petición de revocación de mandato aparezcan en la lista nominal de electores.

Caso contrario, pasa con la segunda iniciativa, enmarcada con el número 3 en el apartado de antecedentes de este instrumento, de manera específica en el artículo 22 que mandata como a atribución del Instituto Electoral del Estado de Colima, realice a través del Instituto Nacional Electoral y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto de sus correspondientes vocalías en el Estado, la verificación de los nombres quienes suscriben la petición de revocación de mandato aparezcan en la lista nominal de electores.

Arribando que lo correcto es que se legisle en materia del Instituto Electoral del Estado, como Organismo Público Local Electoral, para que este realice lo conducente con el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus correspondientes vocalías en el Estado y no generar una atribución directa a la Autoridad Federal.

De este análisis, podemos advertir que la invasión a la facultad del Congreso de la Unión, se encuentra en todo el Título Tercero de la primer propuesta, que comprende un total de 33 artículos.

Siguiendo con el análisis, nos encontramos con otra discrepancia al sistema electoral respecto de la iniciativa primera, enunciada en el apartado de antecedente de este instrumento con el numeral 2, en comparación con la iniciativa segunda, enunciada en el apartado de antecedente de este instrumento con el numeral 3, por lo que, resulta necesario ver las propuestas, en comparativo, por ello, se realiza el siguiente cuadro:

Lo anterior es así, puesto como se observa en el primer cuadro, de la Iniciativa primera, tanto en los artículos 51, 53 y 56 se habla de un "cómputo distrital" lo cual no resulta acorde a nuestro ordenamiento territorial, pues si bien el Código Electoral del Estado de Colima menciona distritos electorales, no resulta que en estos se haga un cómputo distrital en materia de revocación de mandato, dicha redacción resultaría oportuna en el citado ejercicio en el Instituto Nacional Electoral, puesto que este si realiza cómputos distritales, en sus respectivos Consejos Distritales Electorales como lo instituye los arábigos 71 y 76 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dicen:

Siendo lo correcto señalar el Computo Municipal, como bien se establece en el segundo cuadro, de la Iniciativa segunda, tanto en los artículos 52, 53, 54 y 56 que hablan de un "cómputo municipal" como lo instituye los artículos 101, 119 y 120 del Código Electoral del Estado de Colima, que a la letra dicen:

Siguiendo con el análisis, nos encontramos con otra discrepancia y violación al sistema electoral mexicano respecto de la iniciativa primera, enunciada en el apartado de antecedente de este instrumento con el numeral 2, en comparación con la iniciativa segunda, enunciada en el apartado de antecedente de este instrumento con el numeral 3, por lo que, resulta necesario ver las propuestas, en comparativo, por ello, se realiza el siguiente cuadro:

Como se aprecia, por un lado, el primer cuadro dice "Corresponde al instituto vigilar y, en su caso, sancionar las infracciones a la presente Ley en los términos de la presente Ley, Las decisiones podrán ser impugnadas ante la Sala del Tribunal Electoral" no resultando acorde a nuestro sistema de sanciones, puesto que el Código Electoral del Estado de Colima prevé y regula los Procedimientos Sancionadores, por otro lado, una impugnación que se derive del sistema electoral local, no puede conocer la Sala del Tribunal Electoral, puesto que el Tribunal Local no cuenta con salas, pero si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo tampoco logra identificar que Sala conocerá, si la Sala Regional, la Sala Especializada o la Sala Superior y de ser así, nos encontramos con otra invasión de competencias, siendo lo correcto agotar la cadena impugnativa, es decir, que primeramente debe conocer el Tribunal Electoral Local, según el sistema de impugnaciones en el Estado como lo prevé la fracción II del inciso C, del artículo 78 de la Constitución Local que a la letra

dice:

De manera tal, que lo correcto es como lo establece en el segundo cuadro, para invocar el Código Electoral del Estado de Colima y el que el Tribunal Electoral del Estado, conozca sobre las impugnaciones que se susciten en materia del proceso de Revocación de Mandato de nuestra Entidad.

En ese sentido, y para llegar a una determinación, esta Comisión Dictaminadora invoca lo señalado en el apartado C. de la fracción V del artículo 41, de la Carta Magna que dice:

Con todo lo antes expuesto y fundado, se concluye como inviable la iniciativa primera enunciada en el apartado de antecedentes como numeral 2, pues su redacción no resulta acorde a nuestro sistema electoral, desprendiéndose de su propuesta una serie de errores e invasiones de las esferas competenciales tanto del Congreso de la Unión, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resultando una violación a los principios fundamentales que rigen nuestro sistema electoral mexicano instaurado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, es menester exponer, que la propuesta multicitada enunciada en el apartado de antecedentes como numeral 2 no acata lo mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Colima en la resolución del expediente JDCE-03/2022.

Esto es así, pues la sentencia citada, expone con plena claridad en su Consideración Octava, segundo y cuarto párrafo, lo siguiente:

De manera tal que debe observarse en la legislación secundaria de Revocación de Mandato, las particularidades instituidas en el Artículo Sexto Transitorio de la reforma a la Constitución Federal del 20 de diciembre del 2019, que dice:

Y de la propuesta de la primer iniciativa, enunciada en el apartado de antecedentes con el numeral 2 se desprende lo siguiente:

Artículo 2. Esta Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio del Estado de Colima.

Tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos colimenses a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como Titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Artículo 3. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se atenderá a lo dispuesto, en lo conducente, en el Código Electoral.

Artículo 4. La aplicación de las disposiciones previstas en esta Ley corresponde al Congreso del Estado de Colima, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Estado de Colima y al Tribunal Electoral del Estado de Colima, en sus respectivos ámbitos de competencia.

El Instituto llevará a cabo las funciones inherentes al proceso de revocación de mandato previsto en la presente ley en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, lo anterior acorde a la distribución de competencias y atribuciones previstas en la base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Instituto tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los Consejos Municipales.

Artículo 5. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a partir de la pérdida de la confianza.

Artículo 6. Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por:

I. Código Electoral: El Código Electoral del Estado de Colima;

II. Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima;

III. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

IV. Convocatoria: La Convocatoria al proceso de revocación de mandato expedida por el Consejo General;

V. Formato: El formato para la obtención de firmas de apoyo;

VI. Instituto: El Instituto Electoral del Estado de Colima;

VII. Ley de Medios de Impugnación: Ley del Sistema de Medios de Impugnación para el Estado de Colima

VIII. Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

IX. Solicitud: La solicitud de inicio del proceso de revocación de mandato; y

X. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Colima.

Artículo 7. El inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al diez por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores en el estado de Colima, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos seis Municipios de la Entidad y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellos, pero, debiendo en su conjunto representar cuando menos el diez por ciento del listado estatal de referencia.

Artículo 8. Son requisitos para solicitar, participar y votar en el proceso de revocación de mandato:

I. Ser Colimense, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución;

II. Estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral;

III. Contar con credencial para votar vigente expedida por el Registro Federal de Electores, y

IV. No contar con sentencia ejecutoriada que suspenda sus derechos políticos.

Las y los Colimenses que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la revocación de mandato, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 9. El inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la Titularidad del Poder Ejecutivo del Estado por votación popular.

Artículo 10. Las ciudadanas y ciudadanos podrán firmar más de un formato, pero se contará como una sola muestra de voluntad al respecto de la solicitud de revocación de mandato.

La presentación de varias solicitudes para iniciar el proceso de revocación de mandato, en ningún caso implicará procesos separados de tal forma que las firmas recabadas por cada solicitante se sumarán para efecto de contabilizar el porcentaje requerido por la presente Ley para la procedencia del ejercicio de revocación de mandato.

Artículo 11. Las ciudadanas y ciudadanos interesados en presentar la solicitud deberán informar al Instituto durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado. A ese efecto, podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha señalada anteriormente. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

De forma inmediata, y sin mayor trámite, Instituto proporcionará a las y los ciudadanos solicitantes el formato autorizado para la recopilación de firmas y les dará a conocer de forma detallada el número mínimo de firmas de apoyo requeridas y cada una de las variantes que deberán reunir para la procedencia de su solicitud, de conformidad con los supuestos previstos en el artículo 7 de esta Ley.

El formato que apruebe el Consejo General deberá contener únicamente:

I. El nombre completo; la firma o huella dactilar; la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente, indistintamente, y

II. Encabezado con la Leyenda "Formato para la obtención de firmas ciudadanas para la revocación del mandato de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado por pérdida de la confianza".

Si las firmas se presentan en un formato diverso al aprobado por el Instituto, la solicitud será desechada.

Artículo 12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Instituto diseñará y aprobará la utilización de herramientas tecnológicas y dispositivos electrónicos al alcance de las ciudadanas y los ciudadanos para recabar la expresión de los apoyos necesarios a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 13. En el ejercicio de su derecho político a participar directamente en la evaluación de la gestión de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, las ciudadanas y los ciudadanos podrán llevar a cabo actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para la obtención de las firmas necesarias para acompañarlas a la solicitud, en términos de lo previsto por los artículos 369, numeral 1, y 370 de la Ley General.

El Instituto podrá establecer convenios de coordinación con la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Colima, u otras dependencias, para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos con dichos fines, que realicen los organismos o dependencias de la Entidad o de los municipios.

El Instituto vigilará y, en su caso, iniciará el procedimiento sancionador que corresponda, de conformidad con lo previsto en el Código Electoral, por la inobservancia a este precepto.

Artículo 14. Las autoridades del Estado, de los municipios, los partidos políticos, los sindicatos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado, deberán abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos.

El Instituto vigilará y, en su caso, iniciará el procedimiento sancionador que corresponda, de conformidad con lo previsto en el Código Electoral, por la inobservancia a este precepto.

Artículo 15. El proceso de revocación de mandato inicia con la solicitud que presentan las ciudadanas y los ciudadanos que se ubiquen en los supuestos previstos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Artículo 16. La solicitud deberá presentarse por escrito ante el Instituto, en el plazo establecido en el artículo 9 de esta Ley, y deberá contar, por lo menos, con los siguientes elementos:

I. Nombre completo, clave de elector y firma de la persona solicitante o solicitantes;

II. Nombre completo y domicilio de la o el representante autorizado para oír y recibir notificaciones;

III. Señalar domicilio en el Municipio de Colima para oír y recibir notificaciones; en su defecto, las notificaciones se publicarán de forma física en los estrados del Instituto, así como de forma electrónica en la página oficial del Instituto;

IV. Anexo con los formatos aprobados por el Consejo General, y

V. La manifestación expresa de los motivos y causas en términos de esta Ley.

Artículo 17. En caso de que la solicitud no indique el nombre de la persona representante, sea ilegible o no acompañe firma alguna de apoyo, el Instituto prevendrá a las personas peticionarias para que subsanen los errores u omisiones antes señalados en un plazo de 24 horas siguientes, contadas a partir de su notificación.

Si durante el plazo señalado en el párrafo anterior, las personas peticionarias no dan cumplimiento a la prevención, la solicitud se tendrá por no presentada.

Artículo 18. La persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, informará al Consejo General del mismo sobre las solicitudes presentadas y que no hayan reunido los requisitos necesarios para el inicio de su trámite, las cuales serán archivadas previa determinación de dicho órgano superior de dirección como asunto total y definitivamente concluido.

Artículo 19. La Convocatoria para el proceso de revocación de mandato deberá contener, al menos, lo siguiente:

I. Fundamentos constitucionales y legales aplicables, incluyendo la definición de revocación de mandato establecida en el artículo 5 de esta Ley;

II. Las etapas del proceso de revocación de mandato;

III. El nombre de la persona que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, quien será objeto del proceso de revocación de mandato;

IV. Fecha de la jornada de votación en la que habrá de decidirse sobre la revocación de mandato;

V. La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Gobernador o Gobernadora del Estado de Colima, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o bien, ¿que siga en la Gubernatura del Estado hasta que termine su periodo?;

VI. Las reglas para la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, y

VII. El lugar y fecha de la emisión de la Convocatoria.

Artículo 20. La Convocatoria que expida el Instituto deberá publicarse en su portal oficial de Internet, en su oficina y en las oficinas de los Consejos Municipales, y en el Periódico oficial "El Estado de Colima".

Artículo 21. Al Instituto le corresponde verificar el porcentaje establecido en el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 22. El Instituto, a través del Instituto Nacional Electoral y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por conducto de sus correspondientes vocalías en el Estado, en su caso, dentro del plazo máximo de quince días naturales, contados a partir de que reciba la solicitud, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la petición de revocación de mandato aparezcan en la lista nominal de electores y que correspondan a los porcentajes requeridos conforme a lo establecido en el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 23. Una vez que se haya alcanzado el requisito porcentual a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, el Instituto en conjunto con el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto de sus correspondientes vocalías en el Estado, en su caso, deberán, realizar un ejercicio muestra para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva.

Artículo 24. Las firmas de apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos no serán contabilizadas para los efectos del porcentaje requerido, cuando:

I. Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;

II. No se acompañen la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente;

III. Un ciudadano o ciudadana haya suscrito dos o más veces la misma petición de revocación de mandato; en este caso, solo se contabilizará una de las firmas, y

IV. Los ciudadanos o ciudadanas hayan sido dados de baja de la lista nominal o no se encuentren en ella por alguno de los supuestos previstos en la Ley General.

Artículo 25. Cuando el escrito de solicitud de la revocación de mandato sea ilegible, no acompañe ninguna firma o sea omiso en algún requisito aplicable a la solicitud, el Instituto prevendrá a la o las personas peticionarias para que subsanen los errores u omisiones antes señalados dentro del plazo señalado en el artículo 17 de esta Ley.

En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentado el escrito de solicitud.

Artículo 26. Finalizada la verificación a que se refieren los artículos 22 y 23 de esta ley, el Instituto Nacional Electoral, por conducto, en su caso, de la Vocalía correspondiente, notificará el resultado al instituto. Hecho lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del mismo, dentro de los tres días siguientes a la notificación de referencia, presentará al Consejo General un informe detallado y desagregado sobre el resultado de la revisión de los ciudadanos que aparecen en la lista nominal de electores del Instituto, el cual deberá contener:

I. El número de ciudadanas y ciudadanos firmantes que se encuentran en la lista nominal de electores y su correspondiente porcentaje Estatal y en cada Municipio;

II. El número de ciudadanas y ciudadanos firmantes que no se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje;

III. Los resultados del ejercicio muestral a que se refiere el artículo 23 de esta ley.

IV. El resultado final de la revisión, y

V. Las ciudadanas y los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para la preparación de dicho mecanismo de participación ciudadana, el Instituto en estricta observancia a las medidas de racionalidad y presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal correspondiente, buscará el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.

Artículo 27. El Instituto es responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y del Código Electoral, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la función de la participación ciudadana.

Artículo 28. Si de la revisión del informe se concluye que se cumplieron todos y cada uno de los supuestos previstos en el artículo 7 de esta Ley, el Consejo General deberá emitir en un término máximo de 15 días la Convocatoria correspondiente, en caso contrario, deberá desechar la solicitud y archivarla como asunto total y definitivamente concluido.

Artículo 29. Al Consejo General del Instituto le corresponde:

I. Aprobar el modelo de las papeletas de la revocación de mandato;

II. Aprobar los formatos y demás documentación necesaria para realizar la revocación de mandato, y

III. Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las revocaciones de mandato.

Artículo 30. Al órgano ejecutivo del Instituto le corresponde:

I. Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de revocación de mandato, y

II. Las demás que le encomiende la normatividad aplicable o le instruya el Consejo General o su Presidencia.

Artículo 31. El Instituto, a través de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica., elaborará y propondrá los programas de capacitación en materia de revocación de mandato.

Artículo 32. El Instituto deberá iniciar la difusión de la consulta al día siguiente de la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la cual concluirá hasta tres días previos a la fecha de la jornada.

Durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la participación de las y los ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden dicha autoridad electoral.

La promoción del Instituto deberá ser objetiva, imparcial y con fines informativos. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la revocación de mandato.

Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, sin embargo, se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos.

Artículo 33. El Instituto realizará el monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de difusión asignados a la discusión de la revocación de mandato.

El Instituto promoverá la difusión y discusión informada del proceso de revocación de mandato que hayan sido convocadas a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto. El Instituto Nacional Electoral conforme a lo establecido en la base III apartado B del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fungirá como autoridad única para la administración de los tiempos de radio y televisión que corresponda al Instituto y que se destinará para los fines señalados en la presente Ley.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral ordenará la cancelación de cualquier propaganda de este tipo e iniciará el proceso de sanción que corresponda.

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

Artículo 34. Durante los tres días naturales anteriores a la jornada de revocación de mandato y hasta el cierre oficial de las casillas, queda prohibida la publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de las y los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.

Artículo 35. El Instituto podrá organizar al menos dos foros de discusión en medios electrónicos, donde prevalecerá la equidad entre las participaciones a favor y en contra.

Las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva, salvo las restricciones establecidas en el párrafo cuarto del artículo 33 de la presente Ley.

Artículo 36. Para la emisión del voto en los procesos de revocación de mandato, el Instituto diseñará la papeleta conforme al modelo y contenido que apruebe el Consejo General, atendiendo los lineamientos para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral, en su caso, debiendo contener los siguientes datos:

I. El nombre y cargo de la persona sujeta a revocación de mandato;

II. El periodo ordinario constitucional de mandato;

III. La pregunta objeto del presente proceso, establecida en el artículo 19 de la presente Ley;

IV. Cuadros colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por la ciudadanía al momento de emitir su voto en los siguientes términos:

a) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza;

b) Que siga en la Gubernatura del Estado;

V. Entidad federativa y su municipio;

VI. Las firmas impresas de las personas Titulares de la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva del Instituto, y

VII. El número de folio y las medidas de seguridad que determine el Consejo General del Instituto, atendiendo los lineamientos para el efecto expida en su caso, el Instituto Nacional Electoral.

Artículo 37. Las papeletas deberán obrar en los Consejos Municipales a más tardar diez días antes de la jornada de revocación de mandato. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

I. El personal autorizado del Instituto entregará las papeletas en el día, hora y lugar preestablecidos a la presidenta o presidente del Consejo Municipal, quien estará acompañada de las demás personas integrantes del propio Consejo;

II. La secretaria o secretario del Consejo Municipal levantará un acta pormenorizada de la entrega y recepción de las papeletas, asentando en ella los datos relativos al número de papeletas, las características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

III. A continuación, los miembros presentes del Consejo Municipal acompañarán a la presidenta o presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Los accesos de las respectivas bodegas que resguarden boletas también deberán ser selladas firmando los integrantes de los Consejos Municipales respectivos. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva, y

IV. Al día siguiente al en que se reciba la documentación el presidente o presidenta, la secretaria o secretario y las consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal respectivo, procederán a contar las papeletas para precisar la cantidad recibida, consignar el número de folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales, según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario o secretaria registrará los datos de esta distribución.

Artículo 38. Las presidentas o los presidentes de los Consejos Municipales entregarán a quienes asuman las presidencias de las mesas directivas de casilla, dentro de los tres días previos al anterior de la jornada de revocación de mandato y contra el recibo detallado correspondiente:

I. La lista nominal de electores con fotografía de cada sección electoral y el material que deberá usarse en la jornada de revocación de mandato. De usarse formularios impresos, estos se entregarán en número igual al de las y los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección;

II. La urna para recibir la votación de la revocación de mandato;

III. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, y

IV. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de las funcionarias y los funcionarios de la casilla.

A las presidencias de las mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refieren las fracciones anteriores, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que las electoras y los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El número de ciudadanas y ciudadanos que ejerzan su derecho no será superior a 1,500 por cada casilla.

La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos anteriores se hará con la participación de los integrantes de los Consejos Municipales.

Artículo 39. El Instituto podrá designar adicionalmente a uno o más ciudadanas o ciudadanos para que se integren a las mesas directivas de casilla, con la finalidad de que funjan como escrutadores de la revocación de mandato.

Artículo 40. La jornada de revocación de mandato se sujetará al procedimiento dispuesto para la celebración de la jornada electoral contenido en el Título Tercero del Libro Cuarto del Código Electoral, con las particularidades que prevé la presente sección.

La jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la emisión de la Convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales, de conformidad con la Convocatoria que al efecto emita el Consejo General.

Artículo 41. El Instituto garantizará la integración de las mesas directivas de casilla para la jornada de revocación de mandato, compuestas por ciudadanas y ciudadanos a razón de un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, en los términos que establezca el Código Electoral. No obstante, el Instituto podrá hacer las sustituciones que resulten necesarias, de conformidad con el procedimiento señalado en la legislación electoral, hasta el día antes de la jornada de la revocación de mandato.

El instituto podrá integrar las mesas directivas de casilla con las y los funcionarios insaculados que participaron con ese carácter en la elección constitucional inmediata anterior.

El Instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal. En los casos en que sea necesario, habilitará ubicaciones distintas de conformidad con el procedimiento que, para el efecto, establece el Código Electoral.

Los partidos políticos con registro nacional y/o Registro Local, tendrán derecho a nombrar un representante ante cada mesa directiva de casilla, así como un representante general, bajo los términos, procedimientos y funciones dispuestos por la Código Electoral.

Artículo 42. En la jornada de revocación de mandato las y los ciudadanos acudirán ante las mesas directivas de casilla para expresar el sentido de su voluntad pronunciándose por alguna de las opciones señaladas en la fracción IV del artículo 36 de esta Ley.

Artículo 43. La urna en que las y los electores depositen la papeleta deberá consistir de material transparente, plegable o armable, la cual llevará en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida, en el mismo color de la papeleta que corresponda, la denominación: "revocación de mandato".

Artículo 44. Las y los escrutadores de las mesas directivas de casilla contarán la cantidad de papeletas depositadas en la urna y el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes, en caso de no serlo, consignarán el hecho.

Asimismo, contarán el número de votos emitidos en la revocación de mandato y lo asentarán en el registro correspondiente.

Artículo 45. La falta de las ciudadanas o de los ciudadanos designados como escrutadores por el Instituto para realizar el escrutinio y cómputo de la votación de la revocación de mandato en la casilla no será causa de nulidad de la misma.

Para determinar que será nula la votación recibida en una casilla deberá observarse lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Medios de Impugnación, en lo que resulte aplicable.

Artículo 46. El escrutinio y cómputo de la revocación de mandato en cada casilla se realizará conforme a las siguientes reglas:

I. La secretaría de la mesa directiva de casilla contará las papeletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado y firmado por los funcionarios de la mesa directiva de casilla y los representantes acreditados en la misma, anotando en el exterior del mismo el número de papeletas que se contienen en él;

II. La o las escrutadoras o el o los escrutadores contarán en dos ocasiones el número de ciudadanas o ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

III. La presidencia de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las papeletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV. La o las escrutadoras o el o los escrutadores contarán las papeletas extraídas de la urna;

V. La o las escrutadoras o el o los escrutadores, bajo la supervisión de la presidencia de la mesa directiva, clasificarán las papeletas para determinar el número de votos que hubieren sido:

a) Emitidos por alguna de las opciones señaladas en la fracción IV del artículo 36 de esta Ley, y

b) Los votos nulos, y

VI. La secretaría anotará en hojas dispuestas para el efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en el acta de escrutinio y cómputo de la revocación de mandato.

Es nulo el voto cuando no sea posible conocer el exacto sentido del mismo, pero siempre será contabilizado dentro de la concurrencia total a la revocación de mandato.

Bajo el sistema de voto electrónico se colmarán los requisitos anteriores, pero adecuados a la naturaleza del registro, escrutinio y cómputo de los votos.

Artículo 47. Para determinar la nulidad o validez de los votos se observarán las siguientes reglas:

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el ciudadano o ciudadana en un solo cuadro que determine claramente el sentido del voto por alguna de las opciones señaladas en la fracción IV del artículo 36 de esta Ley, y

II. Se contará como un voto nulo aquel en que no sea posible conocer el exacto sentido del mismo o cuando la deposite en blanco, en términos del Código Electoral.

Artículo 48. Agotado el escrutinio y cómputo de la revocación de mandato se levantará el acta correspondiente, la cual deberán firmar todas y todos los funcionarios de casilla. Se procederá a integrar el expediente del proceso de revocación de mandato con la siguiente información:

I. Un ejemplar del acta de la jornada de revocación de mandato;

II. Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo de la votación de revocación de mandato, y

III. Sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos válidos y los votos nulos de la votación de revocación de mandato.

Artículo 49. Al término de la jornada, la presidencia de la mesa directiva de casilla fijará, en un lugar visible al exterior de la casilla, los resultados del cómputo de la votación del proceso de revocación de mandato.

La mesa directiva, bajo su responsabilidad, hará llegar el expediente de la revocación de mandato al Consejo Municipal correspondiente. Cuando el sistema opere mediante voto electrónico, la mesa directiva se cerciorará de que la información hubiera sido transmitida correcta y totalmente a través del dispositivo utilizado y así lo hará constar en el acta.

Artículo 50. El Instituto incorporará al sistema de informática los resultados preliminares de cada casilla tan pronto como estos se produzcan.

Artículo 51. El Instituto instrumentará mecanismos eficaces, claros y accesibles que garanticen el registro y participación de las observadoras y observadores electorales.

Artículo 52. Los Consejos Municipales iniciarán el cómputo ininterrumpido de los resultados a partir del término legal de la jornada de revocación de mandato y hasta la conclusión del mismo. El cómputo Municipal consistirá en la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas.

Artículo 53. Los expedientes del cómputo Municipal de la revocación de mandato constarán de:

I. Las actas de escrutinio y cómputo de la votación del proceso de revocación de mandato;

II. Acta original del cómputo Municipal;

III. Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo Municipal del proceso de revocación de mandato, y

IV. Informe de la presidencia del Consejo Municipal sobre el desarrollo del proceso de revocación de mandato.

Artículo 54. Si al término del cómputo Municipal se establece que la diferencia entre alguna de las opciones señaladas en la fracción IV del artículo 36 de esta Ley es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Municipal deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la votación en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente, ni obrare en poder de la presidenta o presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente.

Artículo 55. Concluido el cómputo Municipal se remitirán los resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a fin de que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo Municipal del proceso de revocación de mandato, proceda informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.

Artículo 56. Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputo Municipal, dar a conocer los resultados correspondientes y remitir inmediatamente toda la documentación al Tribunal Electoral.

Artículo 57. En los procesos de revocación de mandato, el Tribunal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Resolver los medios de impugnación que se presenten para controvertir los resultados de los procesos de revocación de mandato, así como las determinaciones del Instituto sobre la misma materia, de acuerdo con lo previsto en la fracción II del inciso C, del artículo 78 de la Constitución;

II. Realizar el cómputo final de la votación del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas todas las impugnaciones que se hubieren interpuesto;

III. Emitir la declaratoria de validez de la revocación de mandato, y

IV. Las demás que disponga la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 58. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. Cuando la declaratoria de validez que emita el Tribunal Electoral indique que la participación total de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato fue, al menos, del cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

El Tribunal Electoral notificará de inmediato los resultados del proceso de revocación de mandato a la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Congreso del Estado y al Instituto, para los efectos constitucionales correspondientes.

Artículo 59. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones emitidas en el proceso de revocación de mandato, será aplicable el sistema de medios de impugnación, en términos de lo dispuesto por los artículos 78, 86 apartado B de la Constitución.

Artículo 60. Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado se entenderá separada definitivamente del cargo, cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación.

Artículo 61. En caso de haberse revocado el mandato a la Gobernadora o al Gobernador del Estado, cubrirá su ausencia absoluta de manera provisional la Secretaria o el Secretario General del Gobierno; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará una Gobernadora o Gobernador sustituto de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político a que pertenezca la Gobernadora o Gobernador cuyo mandato fue revocado quien concluirá el periodo constitucional.

Artículo 62. Corresponde al Instituto vigilar y, en su caso, sancionar las infracciones a la presente Ley en los términos del Código Electoral. Las decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral.

Corresponde a las autoridades competentes conocer y sancionar cualquier otra conducta que infrinja la presente Ley, en términos de las disposiciones aplicables.

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima," salvo por lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. El ejercicio de la revocación de mandato contemplado en la presente Ley, será aplicable a partir de la Gobernadora o Gobernador electo para el periodo 2027-2033.

TERCERO. El Instituto deberá tener a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos oportunamente, el formato impreso y los medios electrónicos de solicitud de la Convocatoria al proceso de revocación de mandato para el periodo constitucional 2027-2033.

CUARTO. El Instituto deberá garantizar la realización de la consulta establecida en los términos y plazos previstos en el presente decreto por lo que hará oportunamente las previsiones presupuestales que fueren necesarias.

QUINTO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al mismo.

La Gobernadora del Estado de Colima dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Colima, a los trece días del mes de julio de 2022 dos mil veintidós.

PRESIDENTA

Firma.

SECRETARIA

Firma.

SECRETARIA

Firma.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 18 (dieciocho) del mes de julio del año 2022 (dos mil veintidós).

A t e n t a me n t e

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA

Firma.

LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Firma.