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Resolución N.° 0781-2011-JNE
Vacancia de autoridades municipales. Configuración de la causal de sentencia condenatoria penal
22 Noviembre, 2011
No se necesita que al momento de la declaración de la vacancia la pena privativa de la libertad sea efectiva, porque es suficiente que en un momento determinado hayan confluido tanto la vigencia de la condena penal privativa de la libertad como el ejercicio del cargo de alcalde o regidor.
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Resolución No. 776-2011-JNE
Vacancia de autoridades municipales. Principio ne bis in ídem.
22 Noviembre, 2011
No existirá afectación de la garantía del ne bis in idem si en el nuevo proceso se ha acompañado nueva documentación que permita no solo comprender de mejor manera los hechos del caso, sino que, a través de ellos, se justifique una nueva apreciación y, por ende, un nuevo pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional. No cabe alegar la existencia de cosa juzgada y de la garantía de su inmutabilidad cuando no ha habido pronunciamiento alguno de órgano jurisdiccional respecto de los mismos hechos. Contra la posibilidad de conocimiento del caso por parte del Jurado Nacional de Elecciones no cabe oponer la existencia de cosa decidida por parte de los concejos municipales en los procedimientos de vacancia de autoridades municipales.
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Resolución No. 720-2011-JNE
Suspensión de autoridades municipales. Falta grave
30 Septiembre, 2011
Para que proceda una sanción de suspensión de una autoridad municipal por la comisión de una falta grave, deben concurrir los siguientes elementos: a) las faltas deben estar señaladas previamente en el Reglamento Interno (RIC) correspondiente (principios de legalidad y tipicidad), b) su comisión debe afectar principios y valores de la actuación municipal (principio de lesividad), c) debe existir relación directa entre los miembros el concejo municipal a quienes se pretende sancionar y conducta considerada (principio de culpabilidad) y d) la conducta atribuida válidamente debe subsumirse en aquella otra descrita de manera abstracta en el RIC El apercibimiento de hacer algo que, de no producirse, en este caso la entrega del audio, comportará acudir a las autoridades judiciales a través de la respectiva denuncia no reviste ilegalidad alguna que acredite la configuración de elemento ilícito de la coacción. La ejecución anticipada de la suspensión constituye una ilegal actuación de la administración municipal, por cuanto desconoce no solo los derechos a impugnar de los regidores, sino también la eficacia de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones.
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J-2011-0485
Medios de comunicación. Autoridad que opina en contra de las candidaturas al Congreso de la República
5 Julio, 2011
Se imputaba a la autoridad pronunciarse en distintos medios de comunicación, escritos como radiales, en contra de un candidato al Congreso. El Jurado Nacional de Elecciones precisa que si la persona que ocupa un cargo público actúa como un simple particular y no se aprovecha de su función, ni siquiera del estatus inherente a la misma, para aumentar o disminuir el apoyo de algún candidato o agrupación política, no estaría infringiendo el deber de neutralidad. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la aplicación de las normas sobre neutralidad guarda estrecha relación con la jerarquía y la posibilidad de influir desde el cargo: a mayor jerarquía, mayor exigencia. En el caso concreto, se verifica que las declaraciones del imputado se realizaron en su condición de dirigente del partido político, y no de autoridad, por lo que no existen indicios de la comisión de la infracción al deber de neutralidad estatal.
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J-2011-00509
Declaración de Vacancia a regidor por haber sido sentenciado por un delito patrimonial
27 Junio, 2011
Un ciudadano solicitó que se declare la vacancia del regidor por pesar sobre él una sentencia condenatoria consentida, ejecutoriada y vigente por la comisión del delito contra el patrimonio, luego, pediría su desistimiento de la solicitud de vacancia. Posteriormente, otro ciudadano solicita que se le tenga legitimado como solicitante de la vacancia del regidor por la misma causal. El concejo municipal rechazó el pedido de desistimiento y declaró improcedente la solicitud de vacancia. Con posterioridad a la interposición del recurso de apelación del segundo ciudadano, el regidor interpuso recurso de reconsideración, por lo que pedirá que se declare la nulidad de los requerimientos de elevar los actuados al Jurado Nacional de Elecciones por considerar que primero debía resolverse el recurso de reconsideración. El Jurado Nacional de Elecciones declara fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, declara la vacancia del cargo de regidor, en base a los siguientes fundamentos: Sobre la interposición del recurso de reconsideración y pedidos de nulidad presentados por el regidor a. La interposición del recurso de reconsideración por parte del regidor carece de racionalidad; la decisión tomada por el Consejo Distrital lo había beneficiado. Así, ante la falta de afectación de sus derechos no cabía interponer recurso de reconsideración. b. Conforme la legislación vigente, el recurso de reconsideración deberá sustentarse en nueva prueba, salvo en los casos en los que el concejo municipal sea la única instancia que resuelva. Sin embargo, se advierte que con el recurso de reconsideración interpuesto por el regidor no se adjuntan nuevos elementos probatorios que formen convicción en el concejo y así este emita un nuevo pronunciamiento. Por esta razón no es procedente la admisión del citado recurso. c. Respecto del recurso de reconsideración del regidor afectado relativo a la nulidad del acuerdo de concejo, conforme establece la legislación vigente, la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto; por ende, la nulidad debe ser invocada en un recurso de apelación, mas no de reconsideración (que es visto por la misma autoridad). d. Pretender la resolución de la reconsideración mediante la apelación, debe ser considerada una conducta dilatoria. e. Teniendo en cuenta los principios de economía y celeridad procesal, así como el derecho a la tutela procesal efectiva de las partes intervinientes en el procedimiento de declaratoria de vacancia, resulta necesario expedir una resolución que resuelva el fondo de la pretensión en el plazo más breve posible. Sobre la causal de vacancia prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, y los efectos de la declaración de rehabilitación de las condenas penales a. La única condición que se establece en la causal antes citada es la verificación de que no existe ningún tipo de recurso que pueda alterar la condena dictada, es decir, la causal se configurará siempre que pueda asegurarse que dicha condena haya adquirido la calidad de cosa juzgada. b. Si bien la rehabilitación supone que la ejecución de la condena se encuentra agotada y que, por ende, cesaron los efectos de la sentencia penal, ello no conlleva a la recuperación de “los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó”, según lo establece el Código Penal. La rehabilitación de un condenado no repone todas las cosas al estado anterior a la imposición de la condena, sino únicamente los derechos limitados por la sanción penal, no las consecuencias extrapenales en otros ámbitos normativos, como los civiles o administrativos. Como es lógico, dichos aspectos han de seguir regulándose por sus propias normas, lo cual supone la generación de consecuencias que no son afectadas por la rehabilitación penal. En ese orden, es perfectamente válido concluir que esta rehabilitación, en el ámbito electoral, no conlleva a la extinción de la causal de vacancia, pues esta se fundamenta, no en el cumplimiento de la condena, sino en el acto mismo de imposición de la sanción penal. c. Ello es concordante con una visión estricta de la idoneidad de los funcionarios, más aún de aquellos que ejercen un cargo público representativo, como alcaldes y regidores. A juicio de este Supremo Tribunal Electoral, cuando la Constitución señala que “los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación”, está imponiendo un deber de conducta que descarta la comisión de ilícitos penales de cualquier índole, aun de aquellos que no están relacionados con la función pública. d. Asimismo, también conlleva la imposibilidad de que quienes hayan sido sancionados penalmente dentro del periodo representativo, o cuya vigencia de la pena se extienda hasta parte de este, puedan asumir o reasumir dichos cargos públicos. Tal conclusión se deriva del hecho de que el Estado debe preservar la imagen de idoneidad de sus funcionarios, lo cual solo se logra excluyendo del seno del servicio público a quienes han cometido una de las más graves afectaciones al sistema social y llevan sobre sí la carga de una condena penal de manera coetánea al ejercicio de la función pública. e. Lo que se excluye es que de manera concomitante se pueda tener el doble estatus de condenado y de funcionario. f. Dicha situación no se revierte por el hecho de haber sido rehabilitados, pues en este tipo de situaciones la vacancia tiene un carácter declarativo y no constitutivo o sancionador, como ocurre con la causal de nepotismo.
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