Mediante esta resolución el tribunal se pronuncia sobre la legislación argentina vigente en materia de publicidad de campañas institucionales o de difusión de actos de gobierno durante el proceso electoral. Con cita de jurisprudencia de otros tribunales electorales de la región, se señala la necesidad de que exista una regulación especial para asegurar la neutralidad gubernamental y el principio de equidad en los procesos electorales.