Se confirmaron las actuaciones del Partido Revolucionario Democrático que determinaron la expulsión y la consecuente revocación del mandato como Legislador de la República. Ello, ya que se consideró que las actuaciones del Tribunal de Honor y Disciplinas del citado Partido estaban enmarcadas en el estatuto del mismo, e indicó que la participación de un Legislador en un acto delictivo, como lo es la extorsión, constituye una violación de los principios de éste, y por tanto, era válida la determinación adoptada.