Se esclareció que la actividad normativa de la Justicia Electoral tiene por objetivo “garantizar el ejercicio de los derechos políticos y la vitalidad del régimen democrático”. Se resaltó que la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal reconoce a determinadas resoluciones del TSE la naturaleza de ley en sentido material, lo que posibilita, incluso, que sean atacadas por medio de acción directa de inconstitucionalidad.