1. Acto impugnado
Sentencia de 1 de marzo de 2013 en la cual el juez a quo acepta la denuncia presentada contra el accionado, sancionándola con la destitución de su cargo de una empresa del Estado.
2. Fundamentos de la parte actora
El juez a quo omitió valorar la legitimidad de las pruebas presentadas por la denunciante, mismas que no fueron obtenidas en legal y debida forma.
3. Consideraciones jurídicas
El TCE constató que el accionado efectivamente utilizó bienes del Estado para fines electorales, y se determinó que las responsabilidades administrativas y civiles culposas en el uso de recursos públicos están a cargo de la Contraloría General del Estado, y la sanción por el cometimiento de infracciones electorales le corresponde al TCE.
El juez a quo valoró las pruebas actuadas por las partes, de conformidad con los principios constitucionales, legales y reglamentarios, por lo que lo alegado por el accionante carece de sustento.
4. Parte resolutiva
1) Negar el recurso ordinario de apelación; 2) Ratificar la sentencia del juez a quo; 3) Notificar a las partes procesales.