Tratándose de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, si el acto impugnado se encuentra relacionado en sí, y de manera personalísima, con una presunta violación a un derecho fundamental y subjetivo de votar o ser votado, o de acceder al cargo por el que se compitió y ganó, de ser registrado o registrarse como candidato a un cargo de elección popular, etc., el fallecimiento del actor, indudablemente, traería como consecuencia ipso facto el sobreseimiento de la causa, conforme a lo dispuesto por el artículo 12, fracción IV, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango. Sin embargo, este Tribunal estima, desde una perspectiva garantista del derecho, que en el supuesto en que se reclame una prestación de carácter patrimonial inherente al ejercicio de un cargo de elección popular, y devenga la muerte del actor, ello no deja sin materia el proceso; pues es obligación, conforme al principio de progresividad que impone el artículo 1° de la Carta Magna, procurar al ciudadano la protección más amplia, aun y cuando éste haya fallecido. Además que por otra parte, dicha prestación, en caso de ser fundado el agravio aducido, puede ser transferible a la o las personas que tengan derecho a ello, pues ésta existe independientemente de la muerte del actor.