Consiste en la procuración y/o mandato de defensa de los derechos político-electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica o alguna de las personas que los integren, ante las Salas del Tribunal.

Consiste en privilegiar en el ámbito de competencia de la Defensoría, el uso de mecanismos alternos de solución de controversias y canalizar a las instancias correspondientes en los casos que la ley lo prevea.

Consiste en orientar, guiar y canalizar a los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica o alguna de las personas que los integren, a la instancia correspondiente en aquellas consultas que no se encuentren en el ámbito de competencia electoral, a fin de garantizarles una tutela judicial efectiva.